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El horror expresado en números. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras dio a conocer el 28 de enero un informe basado en datos recopilados en la clínica ‘Pran Men’m’, que atiende a víctimas de agresión sexual en Puerto Príncipe, que revela que este tipo de agresiones se han triplicado en la capital haitiana en los últimos cinco años.
El documento ‘Violencia sexual y de género en Puerto Príncipe’ concluye que estos ataques son usados «sistemáticamente para aterrorizar a la población, con un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas».
La medición reúne datos de los últimos 10 años en la clínica, que es operada por MSF y donde se ha prestado atención médica y psicológica a 17.000 personas, de las que 98% son mujeres y niñas.
Desde 2021, cuando Puerto Príncipe quedó prácticamente a merced de bandas armadas que mantienen en jaque al país, el número de personas que acuden en busca de ayuda por haber sufrido violencia sexual se ha triplicado, y esto podría ser incluso un subregistro, si se piensa en los que prefieren abstenerse de denunciar.
La coordinadora de MSF en Haití, Diana Manilla Arroyo, reveló que «el número de supervivientes de violencia sexual y basada en género que recibieron atención en la clínica pasó de una media de 95 ingresos al mes en 2021 a más de 250 en 2025».
La situación de desplazamiento en la que han quedado 1,4 millones de personas en el país, como consecuencia del avance de bandas, agrava la condición de vulnerabilidad, porque el documento indica que quienes se ven obligados a abandonar sus hogares están más expuestos a la violencia.
De hecho, 70% de los que se acercaron a la clínica ‘Pran Men’m’ en los primeros nueve meses de 2025 son desplazados.
«Sin refugio seguro ni opciones de reubicación, MSF da de alta a sus pacientes directamente a la pesadilla de la que vienen, solo para verlos volver otro día después de ser violados de nuevo», relata el informe.
Pero seguir en casa tampoco es garantía, porque muchas víctimas temen salir en busca de ayuda, en parte por desconfianza en la policía y en el sistema judicial.
Asimismo, también se abstienen porque temen ser objeto del ataque de «justicieros» o ‘bwa kale’, vecinos «vigilantes» que combaten a los que sospechan que son pandilleros, con métodos que van desde apedrearlos hasta cercenar miembros, decapitarlos o quemarlos vivos.
Un escenario cambiante
No solo el número de casos aumenta. También otros indicadores demográficos cambian, como la edad o el género de los agredidos.
Mientras que hasta 2022, aproximadamente el 50% de los pacientes que acudían a la clínica tenían en promedio 18 años o menos, desde entonces las edades se han diversificado, y los ataques a personas entre 50 y 80 años se han multiplicado por siete.
«Me golpearon y me rompieron los dientes… Tres jóvenes que podrían ser mis hijos… Cuando me negué a acostarme con ellos, me pegaron y me caí. Mientras forcejeaba, me golpearon en la espalda; todavía siento el dolor meses después», relató una víctima anónima de 53 años citada en el informe.
También hay más hombres que han sufrido este tipo de agresiones. De los 2300 que fueron a ‘Pran Men’m’ en busca de asistencia entre enero y septiembre de 2025, más del 10% (350 personas) son niños u hombres.
«Las madres se ven obligadas a permanecer cerca porque cuando un niño empieza a crecer, puede convertirse en objetivo de violación en cualquier momento», señaló una mujer de 34 años cuyo testimonio fue incluido en el reporte.
La brutalidad también se refleja en números. El promedio de atacantes en situaciones de violencia sexual es de tres por caso, con al menos 100 personas que reportan haber sido abusadas por 10 personas o más.
El 57% de las víctimas han sido atacadas por miembros de pandillas y una de cada cinco sobrevivientes ha sido vulnerada en más de una ocasión.
Desde 2022, se han agravado las implicaciones de este tipo de agresiones, más allá de lo psicológico o el estigma social, incluso en el ámbito sanitario.
Solo uno de cada tres pacientes acude en los tres días siguientes al ataque. Después de ese lapso, las opciones de prevenir un eventual contagio de VIH desaparecen.
Además, el 59% de las mujeres agredidas han ido a la clínica después de cinco días, por lo que 60% de ellas han perdido la oportunidad de quedar protegidas de embarazos no deseados.
MSF exhortó a las autoridades a poner en funcionamiento «una línea directa gubernamental 24/7 para proporcionar orientación confidencial y conectar a los supervivientes con recursos críticos».
La organización también hizo un llamado «urgente a una fuerte y coordinada respuesta del Gobierno de Haití, proveedores de servicios, donantes, agencias de la ONU y aquellos responsables de proveer seguridad para las y los haitianos».
Con EFE y AP
