La Plantilla Gómez y Venezuela después del 3 de enero

En los últimos días, el debate público venezolano ha estado lleno de comparaciones entre lo ocurrido después de la operación militar estadounidense del 3 de enero y la era de Juan Vicente Gómez (1908-1935), el hombre fuerte andino que gobernó durante 27 años. El punto de tensión inmediato es la reforma propuesta por la Asamblea Nacional a la Ley de Hidrocarburos de 2006, diseñada para reabrir la industria petrolera al capital privado.

Chavistas desplazados como Andrés Izarra argumentan que la reforma es inconstitucional y evoca los términos “serviles” bajo los cuales Gómez otorgó concesiones petroleras a empresas extranjeras en la década de 1920. Sin embargo, la comparación se extiende más allá del petróleo: la economía política del chavismo se parece a la de Gómez en tres aspectos recurrentes: rentas monopólicas, acuerdos opacos con el capital y una represión que funciona como un sistema de extracción.

Los estudiosos de la Venezuela de principios del siglo XX han demostrado que la corrupción y la privatización de los cargos públicos de la era Gómez funcionaron como herramientas de gobierno que ayudaron a financiar la coerción, recompensar a los leales y desarrollar un Estado poderoso y centralizado. Gómez formó una coalición gobernante vinculando a los poderosos regionales y a los intereses civiles emergentes a rentas sancionadas por el Estado, especialmente a través de monopolios otorgados bajo la sombra del dictador. El acuerdo sigue siendo familiar para los venezolanos que han visto al chavismo fusionar la lealtad política, el acceso a los recursos estatales y el enriquecimiento personal en una única lógica de gobierno. Esos mecanismos son más fáciles de ver en la economía política del monopolio, los contratos y las prisiones.

El cargo público como negocio privado

En primer lugar, las rentas monopolísticas han florecido bajo gobiernos autoritarios. Bajo Hugo Chávez, la erosión progresiva de los controles y equilibrios y el vaciamiento de las restricciones democráticas ayudaron a reconstituir una lógica patrimonial de gobernanza. El acceso discrecional a los recursos estatales se convirtió en una moneda central de la lealtad política. Con el tiempo, el gobierno confió a altos oficiales militares la “administración” de sectores estratégicos y empresas estatales, creando incentivos en los que la lealtad institucional y el interés personal se volvieron difíciles de separar. Paralelamente a estos nombramientos, la densa arquitectura estatal de controles y cuellos de botella burocráticos creó nuevas oportunidades para extraer rentas, transfiriendo costos a los venezolanos comunes y al mismo tiempo protegiendo a los de dentro. Una lógica política similar construyó el poder en Venezuela hace más de un siglo.

Gómez consolidó su coalición gobernante a través de un entendimiento tácito: los cargos públicos podían ser tratados como un negocio privado, siempre y cuando se mantuviera la lealtad y el orden. Una fuente confiable de ingresos que lubrificó esas redes clientelares provino del negocio ganadero. Desde las primeras etapas del régimen, el autócrata y su círculo aprovecharon el control sobre el suministro de ganado y los canales de sacrificio, respaldados por impuestos selectivos y privilegios regulatorios, para exprimir a los competidores y recompensar a los aliados. Otro mecanismo, más explícitamente fiscal, fue la agricultura fiscal. El Estado concedió a los particulares el derecho a recaudar impuestos federales específicos, siendo el caso de las bebidas alcohólicas un caso destacado, a cambio de un pago fijo al tesoro, dejando al recaudador de impuestos la libertad de embolsarse el excedente. Muchos de los hábitos que ahora asociamos con el petroestado ya estaban integrados en los monopolios cotidianos de la carne y el alcohol. El petróleo no inventó la búsqueda de rentas; lo amplificó, convirtiendo prácticas familiares de acceso privilegiado en rentas mucho más lucrativas.

Los CPP de Delcy transfieren cargas operativas y de inversión a actores privados, mientras que el Estado retiene el control político. Estos acuerdos han creado una nueva clase de intermediarios cuya rentabilidad depende menos de la competencia técnica que del acceso privilegiado a quienes toman las decisiones.

Si los militares se beneficiaron de los monopolios en agricultura y ganadería, el petróleo le dio a Gómez un instrumento más amplio: le permitió cooptar a las elites civiles que durante mucho tiempo se habían enfadado ante la hegemonía andina. Más allá de la familia inmediata del autócrata, los beneficiarios más visibles del comercio de concesiones fueron abogados, ingenieros, banqueros y otros miembros de las clases profesionales que monetizaron el acceso, el papeleo y la proximidad al poder en la nueva economía petrolera.

Una dinámica comparable ha surgido en medio del colapso de PDVSA. Como el gobierno ignoró el actual marco de hidrocarburos, los “contratos de participación productiva” (CPP) surgieron como una solución alternativa destacada. Estos acuerdos transfieren efectivamente cargas operativas y de inversión a actores privados, mientras que el Estado conserva el control político. Los medios de investigación han descubierto cómo estos acuerdos opacos crearon una nueva clase de intermediarios cuya rentabilidad depende menos de la competencia técnica que del acceso privilegiado a quienes toman las decisiones. La Ley Antibloqueo, a su vez, ha proporcionado el paraguas legal para la confidencialidad, protegiendo los términos de los contratos del escrutinio público en nombre de la seguridad nacional y la evasión de sanciones.

Este patrón no es un eco accidental de la era de las concesiones de la década de 1920: el trato con el capital extranjero entonces no era meramente económico, sino político y deliberadamente opaco. Y cuando los monopolios y el acceso privilegiado se consolidan en un sistema, aquellos que no pueden comprarlo deben absorber los costos; quienes lo cuestionan a menudo enfrentan una pena más severa que las dificultades económicas: el encarcelamiento.

Miedo extractivista

La Rotonda se convirtió en un hito de opresión política bajo el gobierno de Gómez. En sus celdas, los prisioneros políticos soportaron torturas y humillaciones sistemáticas, y los agentes del régimen convirtieron el cautiverio en un mercado mediante la extorsión constante por dinero, alimentos y favores. Muchos detenidos sufrieron trabajos forzados, por lo que la infraestructura que construyeron (carreteras y autopistas), y que la dictadura presentó como “modernización”, a menudo llevaba la huella oculta de cuerpos coaccionados.

Esa misma lógica es dolorosamente reconocible hoy en día para las familias con parientes detenidos en El Helicoide y otros centros de detención. Los familiares traen medicinas, alimentos y suministros básicos sólo para enfrentarse a un sistema en el que guardias e intermediarios pueden confiscar, retener o exigir pagos simplemente para satisfacer las necesidades, o incluso para confirmar que un detenido todavía está allí. El encarcelamiento se convierte no sólo en represión, sino en otra fuente de ingresos: un mecanismo de extracción superpuesto al miedo.

Si algo enseña el precedente de Gómez es que una vez que se rompe un equilibrio autoritario, restaurar el antiguo orden es mucho más difícil que improvisar uno nuevo.

Estos paralelos contribuyen en gran medida a explicar por qué ambos sistemas demostraron ser tan resilientes, capaces de superar shocks internos combinando la represión con la cooptación y haciendo del acceso a las rentas el pegamento de la cohesión de las élites. Sin embargo, persisten diferencias importantes.

El amanecer versus el ocaso de la democracia

Gómez gobernó un país todavía marcado por los legados de la guerra civil y las instituciones nacionales débiles. Parte de su importancia histórica radica en cómo su dictadura centralizó la coerción, construyó un aparato estatal y disciplinó a los caudillos regionales, una infraestructura que gobiernos posteriores pudieron eventualmente abrir. La democracia no llegó automáticamente, pero la sucesión posterior a 1935 sí produjo una apertura cautelosa bajo los presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita mientras la oposición política presionaba por un cambio.

El chavismo, por el contrario, surgió a través de elecciones. Inicialmente hablaba el lenguaje de la participación y la inclusión, pero con el tiempo vació sistemáticamente los controles y equilibrios y concentró la autoridad de maneras que destruyeron la autonomía institucional. En cualquier caso, ninguno de los modelos fue indefinidamente sostenible. Ambos eventualmente enfrentaron momentos de sucesión, y la pregunta pasó de la resistencia a qué los reemplazaría exactamente.

En ambas transiciones, no fue la presión interna ordinaria la que rompió estructuralmente el acuerdo autoritario, sino un shock externo decisivo. Gómez resistió conspiraciones, incursiones y oleadas de disensión; al final, sólo la muerte se lo llevó. Para el chavismo, la extracción de Maduro por parte de Estados Unidos alteró abruptamente el equilibrio de poder dentro de la coalición gobernante, fracturando el status quo entre facciones y obligándolas a operar bajo la sombra de Washington en el futuro previsible.

Después de 1935, López Contreras y Medina Angarita actuaron rápidamente para neutralizar los residuos más depredadores del gomecismo, incluida la camarilla familiar. Condujeron gradualmente el sistema hacia la consolidación institucional y la apertura política. Los ecos de ese momento de sucesión flotan ahora sobre la política venezolana.

Es demasiado pronto para decir hacia dónde conduce esta transición, quién definirá su proyecto o qué contramedidas provocará. Si algo enseña el precedente de Gómez es que una vez que se rompe un equilibrio autoritario, restaurar el antiguo orden es mucho más difícil que improvisar uno nuevo. La cuestión central sigue siendo si esa improvisación produce una apertura democrática o un chavismo reconstituido capaz de sobrevivir incluso donde el gomecismo no pudo.