La tan esperada reforma de la Ley de Hidrocarburos de Venezuela

En un país como Venezuela, la Ley de Hidrocarburos es el instrumento jurídico que define los derechos y obligaciones del Estado y de los privados, conforme a los principios constitucionales. Hay dos cosas a tener en cuenta en la Constitución venezolana de 1999: los yacimientos de petróleo son propiedad exclusiva de Venezuela y Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) no puede transferirse ni venderse a privados.

La Ley de Hidrocarburos de 2001 (modificada en 2006) permite la participación privada en actividades de exploración y producción a través de empresas conjuntas (empresas mixtas). Estas empresas mixtas se encuentran bajo el control operativo del Estado venezolano (es decir PDVSA) y son consideradas entidades de propiedad estatal de conformidad con la Ley de Administración Pública de 2014. La Ley de Hidrocarburos limita la participación privada en actividades de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos líquidos y gas natural asociado. Otras regulaciones promulgadas algún tiempo después restringen la participación privada en una serie de otras cuestiones, como la ejecución de ciertos acuerdos de servicios.

En este momento parece haber un consenso inicial entre los actores políticos y económicos sobre la necesidad de contar con un marco legal renovado para la industria petrolera, con el fin de permitir nuevas inversiones e impulsar la producción de petróleo. Porque cuando las cosas no funcionan bien en una industria importante y estratégica, se desea alguna acción legislativa.

Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la destitución de Nicolás Maduro, mencionó el asunto en su discurso ante la Asamblea Nacional el 15 de enero.^thanunciando reformas parciales en el sector petrolero. Al momento de escribir este artículo, no hemos tenido la posibilidad de revisar el proyecto de ley. Como resultado, todavía no hemos descubierto hacia dónde se dirige esta reforma. Pero sí sabemos lo que dijo Rodríguez en su discurso, llamando a incorporar los modelos productivos trazados en la Ley Antibloqueo de 2020, permitiendo así flujos de inversión hacia nuevos campos. La reforma de la Ley de Hidrocarburos ahora se considera una prioridad en la extensa agenda legislativa de 2026 de la Asamblea Nacional, y nadie habla de que la Asamblea Nacional dé una ley habilitante a la Presidenta en funciones para otorgarle el poder legal para aprobar legislación.

En caso de que inversionistas privados posean la mayoría de las acciones en las empresas mixtas bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, el resultado final sería que ya no serán consideradas entidades estatales venezolanas.

La Ley Antibloqueo fue concebida como una respuesta a las sanciones económicas internacionales contra Venezuela. Sin duda ha impulsado las inversiones privadas en el país. Pero por diversas razones, este estatuto no ha despertado suficiente interés por parte de los inversores. Algunos argumentan que sus disposiciones chocan con las establecidas en la Ley de Hidrocarburos. También es factible que si en el futuro se levantan las sanciones económicas, la Ley Antibloqueo pierda importancia.

Preguntas clave

Así pues, en nuestra opinión, hay cuestiones clave para la nueva legislación sobre hidrocarburos. En primer lugar, ¿qué pasará con las empresas conjuntas existentes entre PDVSA y Eni, Chevron, CNPC, Repsol, Maurel & Prom y Roszarubezhneft, entre otros actores actuales? No sabemos con certeza si se permitirá a los inversores privados convertirse en accionistas mayoritarios de estas empresas conjuntas existentes o si habrá un esquema contractual diferente.

También ignoramos qué pasará con las nuevas empresas mixtas en términos de participación de inversionistas privados, o sobre los contratos de producción existentes, firmados en los últimos años entre PDVSA e inversionistas privados de conformidad con la Ley Antibloqueo. Dichos contratos podrían convertirse en contratos de producción compartida, contratos de servicios en riesgo u otros tipos de contratos. Los inversionistas privados o las empresas conjuntas podrían tener derecho a comercializar hidrocarburos líquidos, gas natural asociado y/o subproductos.

Otro aspecto a considerar en la nueva legislación son las regalías petroleras, su flexibilidad y distinción entre proyectos greenfield y brownfield. ¿Se reducirá la recaudación del gobierno y también el impuesto a la renta con la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta? ¿Habrá alguna exención fiscal para nuevas inversiones?

En el caso de que inversionistas privados posean la mayoría de las acciones en las empresas conjuntas bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, el resultado final sería que ya no serán consideradas entidades estatales venezolanas, tal como se definen tales entidades en el marco legal venezolano. Además, en este caso dichas empresas conjuntas no estarán sujetas a la regla del 50% de la OFAC, que establece que cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta del 50% o más de PDVSA se considera automáticamente sancionada y bloqueada, incluso si no está incluida explícitamente en la lista de la OFAC, prohibiendo a las personas estadounidenses realizar cualquier transacción con esa entidad.

El peso de la experiencia.

Lo cierto es que Venezuela tiene una amplia, compleja y valiosa experiencia en el manejo de proyectos petroleros e inversiones privadas desde hace más de un siglo. Tenemos que aprender de las lecciones del pasado, si es que la historia tiene alguna relevancia.

Cabe mencionar tres hitos en la historia petrolera venezolana: la Ley de Hidrocarburos de 1943; la Ley de Nacionalización del Petróleo de 1975; y el proceso de migración a empresas mixtas de 2006-2007, sustentado en la Ley de Hidrocarburos aún vigente.

En 1943 se produjo la convalidación de las concesiones con defectos y la conversión de todas las concesiones existentes en otras nuevas bajo un nuevo marco jurídico único. En 1975 las petroleras extranjeras tuvieron la oportunidad de firmar acuerdos de asistencia técnica y contratos de comercialización con la recién creada PDVSA, previa compensación. En 2006-2007, las empresas privadas con acuerdos de servicios operativos, asociaciones estratégicas y acuerdos de participación en las ganancias tuvieron la oportunidad de migrar a empresas conjuntas como accionistas minoritarios.

Habrá mejores posibilidades de atraer estas inversiones si la reforma proporciona beneficios fiscales, ventajas regulatorias y esquemas contractuales favorables.

En todos esos procesos, con mayor o menor éxito, el propósito perseguido por Venezuela estuvo centrado en mantener las relaciones con las petroleras, con todos los pros y contras que esas decisiones conllevan.

Hoy hay poca certeza sobre qué instrumento legal será sancionado por la Asamblea Nacional y qué empresas privadas decidirán invertir en el país. La única certeza es que la reforma no obstaculizará las inversiones privadas, sino que las promoverá. En este sentido, las empresas que ya están en el país tienen ventaja sobre aquellas que comienzan a armar sus equipos técnicos y legales para hacer sus primeras evaluaciones y estudios.

Para tener inversiones masivas en el sector petrolero, una reforma importante a la Ley de Hidrocarburos es definitivamente el primer paso a seguir. Habrá mejores posibilidades de atraer estas inversiones si la reforma proporciona beneficios fiscales, ventajas regulatorias y esquemas contractuales favorables. Sin embargo, cualquier reducción de la participación del gobierno para atraer inversiones requerirá también la modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Se espera que los recursos tecnológicos, humanos y financieros para la industria lleguen en grandes cantidades a Venezuela luego de la promulgación de una nueva legislación. Los desafíos económicos y legales para la industria petrolera venezolana son enormes y deben abordarse con sentido de urgencia en beneficio del país y su gente.