
El 2 de julio de 2024 un árbol de mamón cayó sobre Delcy Rodríguez. El accidente le provocó heridas en el brazo derecho, en el que frecuentemente llevaba vendajes. Ese día, Rodríguez se encontraba en Cumanacoa, al oriente de Venezuela, supervisando los daños causados por el huracán Beryl, una ráfaga de viento derribó el enorme árbol que tenía encima y parte de su equipo.
El accidente fue anunciado por Nicolás Maduro en un acto público, en plena campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. Con un discordante sentido del humor que ha envejecido mal, dijo: «Delcy, mientras trabajaba en Cumanacoa, fue alcanzada por un misil. Pero ella se recupera de todo».
Y la afirmación parece cierta. Porque un año y medio después, la vemos –bastante recuperada– jurar como presidenta interina de Venezuela después, efectivamente, de que las bombas estadounidenses cayeran sobre Caracas para derrocar a Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la mujer que ocupa la silla presidencial en Miraflores con el inesperado respaldo de Estados Unidos, es una de las figuras con mayor acumulación de poder dentro del oficialismo venezolano y una operadora clave del aparato político, represivo y económico del Estado.
Delcy Rodríguez ha sido presentada como una moderada, una tecnócrata, una chavista “diferente” por sus estudios en Francia e Inglaterra y su fluido inglés. Lo primero no es cierto. Así lo confirman la columnista estadounidense Eva Golinger, que pasó varios años en Venezuela junto a Hugo Chávez, y el exdiplomático turco Imdat Oner, que sirvió en Caracas y recuerda una reunión con embajadores en 2015 cuando Rodríguez era canciller: «Llegó dos horas tarde y empezó a gritar a los diplomáticos estadounidenses y europeos. Es una chavista radical, en términos de ideología», dijo La Hora de Venezuela.
Lo que es Delcy Rodríguez, coinciden observadores y analistas, es pragmático. De hecho, su mayor ascenso dentro de la estructura de poder chavista se produjo desde que comenzó a mover los hilos de la agenda económica. A lo largo de los años, se ha convertido en algo más que la vicepresidenta: es un operador central del sistema, la figura a quien se recurre cuando es necesario confrontar, ejecutar, cerrar filas y asegurar salvavidas económicos.
Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació en Caracas el 18 de mayo de 1969. Su biografía política no puede entenderse sin una fecha posterior: el 25 de julio de 1976, cuando su padre, Jorge Antonio Rodríguez, murió bajo custodia policial tras ser detenido por su implicación en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous. La muerte, atribuida a torturas y malos tratos, se convirtió en un punto de ruptura para la familia y, con el tiempo, en un elemento clave de la narrativa chavista sobre los gobiernos de 1958-1998. Para Delcy y su hermano Jorge, esa historia de victimización sirvió como herida y como brújula: la política como reparación, como justicia, como venganza. De hecho, alguna vez dijo en televisión: “La Revolución Bolivariana, la llegada de nuestro Comandante, fue nuestra venganza personal”.
En un gobierno donde la confianza se gestiona como un recurso escaso, Delcy ha permanecido por una razón fundamental: sirve para mantener unido el edificio cuando cruje.
Además, Delcy no es sólo Delcy. Ella es parte de un dúo que, durante años, ha operado como la columna vertebral del gobierno revolucionario: junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ambos han sido descritos como “gemelos políticos” del chavismo. Comparten orígenes, narrativas y ambiciones.
Esta alianza familiar explica su fuerza. En un gobierno donde la confianza se gestiona como un recurso escaso, Delcy ha permanecido por una razón fundamental: sirve para mantener unido el edificio cuando cruje.
Por eso, cuando la economía tocaba su punto más bajo y necesitaba un impulso, Rodríguez se convirtió en la única funcionaria de alto rango presente en las reuniones de negocios, mientras bajo su ala se construía una vasta red de iniciativas privadas. Plataformas de periodismo de investigación como Armando.info han descubierto las conexiones del ahora presidente en funciones con un “entorno empresarial” con ramificaciones en los sectores de la construcción, el turismo, el sector inmobiliario, la importación de alimentos y el embalaje.
A nivel interno, los funcionarios del gobierno la describen como una figura reservada, tranquila y de bajo perfil con un círculo pequeño pero muy leal de aliados, aliados que ahora la apoyan en lo que podría ser la mayor paradoja de su vida: denunciar la captura estadounidense de Nicolás Maduro en sus discursos, mientras en la práctica permite que la administración Trump ejerza control sobre la toma de decisiones políticas y reanude los acuerdos de venta de petróleo con Estados Unidos.
Sin embargo, la mano que actualmente ejerce Delcy Rodríguez carece, por lejos, de la seguridad jurídica, la confiabilidad y las garantías constitucionales que exigen los ejecutivos petroleros. Ella y su círculo íntimo están agobiados por una larga historia de violaciones de derechos humanos, dificultades económicas, más de 800 presos políticos aún encarcelados y disputas internas.
Un pilar de la dictadura
Rodríguez se desempeñó como Ministro de la Presidencia (2006), Ministro de Comunicación e Información (2013-2014), Ministro de Relaciones Exteriores (2014-2017), Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2018) y, desde junio de 2018, Vicepresidente Ejecutivo. Sin embargo, uno de los puntos de inflexión en su carrera fue su presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, organismo creado sin referéndum previo y no reconocido por la comunidad internacional.
Desde su posición como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), encabezó un proceso que efectivamente anuló la Asamblea Nacional electa en 2015, concentrando funciones legislativas, judiciales y de control político en un órgano dominado exclusivamente por el chavismo. Bajo su liderazgo se aprobaron instrumentos legales ampliamente criticados por organizaciones de derechos humanos.
Este fue también el período en que Delcy Rodríguez ocupó el cargo de por el momento presidencia del Mercosur, y cuando Venezuela dejó de ser miembro del organismo por violar el Protocolo de Adhesión.
En ese contexto, la entonces Canciller se vio involucrada en un incidente inolvidable: en diciembre de 2016 le negaron el ingreso a la reunión de la organización celebrada en Buenos Aires, pero fue noticia al aparecer con el brazo en cabestrillo, presuntamente por las heridas que sufrió al impedirle el ingreso a la reunión. “Fui golpeado por un policía (…) son vergonzosos los agravios y abusos físicos que pueden ocurrir dentro del Mercosur contra una nación y su canciller”, afirmó en ese momento Rodríguez.
Las investigaciones señalan que, días antes del viaje del 'Delcygate', Delcy Rodríguez facilitó la venta de 104 lingotes de oro venezolano valorados en más de 60 millones de dólares a empresarios españoles.
El historial de Delcy Rodríguez en materia de derechos humanos abarca desde su participación en la creación de un marco legal represivo hasta su papel como una de las principales perpetradoras de una de las olas de represión más intensas durante la era chavista. Durante su gestión en la Asamblea Nacional Constituyente se impulsaron y consolidaron marcos normativos y decisiones que facilitaron la represión y criminalización de la disidencia.
Entre ellas se encuentra la Ley Constitucional Contra el Odio (2017), utilizada sistemáticamente para procesar penalmente a opositores, periodistas, activistas y ciudadanos por expresiones en las redes sociales, con penas de hasta 20 años de prisión. Brindó un apoyo fundamental a los estados de emergencia permanentes, que suspendieron las garantías constitucionales y permitieron arrestos sin orden judicial. Delcy Rodríguez también ayudó a legitimar el control cívico-militar del orden público, consolidando el uso de tribunales militares y agencias de inteligencia contra civiles.
Como Vicepresidenta Ejecutiva de la República, tenía autoridad directa sobre Ministerios y organismos de seguridad. Entre 2018 y abril de 2021, bajo su cadena de mando, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fue documentado como responsable de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y vigilancia masiva.
La Misión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2020 que había “motivos razonables para creer” que Rodríguez conocía o debería haber conocido los crímenes cometidos por el Estado y no actuó para prevenirlos, a pesar de su posición de autoridad. Estas conclusiones fueron reiteradas y ampliadas en resoluciones posteriores que mantuvieron activa la investigación internacional sobre Venezuela.
Corrupción, oro y esquemas internacionales
Más allá de su papel en la cadena de mando de violaciones de derechos humanos, Delcy Rodríguez ha sido vinculada a esquemas de corrupción transnacional que involucran oro, empresarios extranjeros y circuitos financieros opacos.
El 20 de enero de 2020, Rodríguez (sancionado por la Unión Europea desde 2018) entró en España pese a la prohibición de viajar existente y se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos (actualmente en prisión), desencadenando el escándalo conocido como Delcygate. Las investigaciones señalan que, días antes del viaje, facilitó la venta de 104 lingotes de oro venezolano valorados en más de 60 millones de dólares a empresarios españoles. La Guardia Civil encontró comunicaciones entre Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama que vinculan directamente al vicepresidente con esta transacción.
Este caso es parte de un patrón más amplio de extracción ilegal y lavado internacional de dinero de oro venezolano a través de empresas fantasma, un esquema que refuerza la corrupción y la evasión de controles financieros. En el ámbito político y mediático, el escándalo Delcygate también se ha relacionado con otras polémicas en España, como el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, que tiene vínculos con personajes vinculados al chavismo, aunque no hay pruebas jurídicas directas que impliquen a Rodríguez.
Es imposible olvidar que el actual presidente interino de Venezuela encabezó un pacto escandaloso con peligrosos pandilleros en 2017.
Otra figura clave es Jorge Giménez. Este empresario venezolano y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), es objeto de una investigación de Armando.info, que lo expone como operativo del régimen chavista y socio de confianza de Rodríguez. Está implicado en contratos opacos vinculados al programa CLAP y PDVSA, con deudas y acuerdos irregulares superiores a los 1.200 millones de dólares. Además, aparece en chats relacionados con el caso español como interlocutor directo de su “jefe”, solidificando la conexión entre el poder político venezolano y las redes internacionales de corrupción.
Associated Press publicó recientemente un informe que revela que la DEA ha estado investigando a Rodríguez durante años. “Rodríguez ha estado en el radar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos durante años, y en 2022 incluso fue etiquetada como 'objetivo prioritario', una designación que la DEA reserva para sospechosos que se cree que tienen un 'impacto significativo' en el tráfico de drogas, según registros obtenidos por la AP y más de media docena de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses actuales y anteriores”, afirma la publicación.
Aunque la misma publicación aclara que Estados Unidos nunca ha acusado a Rodríguez de ningún delito y señala que ella “no se encuentra entre la más de una docena de funcionarios venezolanos —del círculo íntimo de Maduro— acusados de narcotráfico junto con el presidente derrocado”, es imposible olvidar que el actual presidente interino de Venezuela encabezó un pacto escandaloso con peligrosos pandilleros en 2017.
Ese año, mientras decenas de estudiantes que protestaban contra la represión del gobierno de Nicolás Maduro eran asesinados en las calles de las principales ciudades del país, Rodríguez, entonces presidente de la Asamblea Nacional, encabezó la tarea de negociar con los grupos criminales para mantenerlos tranquilos y evitar que se alzaran contra el gobierno.
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