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Donald Trump afirmó este martes que el responsable de unas filtraciones gubernamentales sobre Venezuela «ya ha sido encontrado y está en la cárcel», y añadió que las autoridades estadounidenses siguen investigando a otros posibles implicados. «El filtrador ha sido localizado y está en prisión ahora mismo; es el filtrador de Venezuela. Puede haber algunos más. Vamos tras ellos», dijo el presidente, vinculando de forma explícita el caso con información sensible relacionada con Caracas.
ABC de España
Las declaraciones se producen tras la detención de Aurelio Luis Pérez-Lugones, contratista del Gobierno federal acusado de retener ilegalmente información de defensa nacional, y por una actuación del FBI entre denuncias por la persecución de filtraciones y la protección de la libertad de prensa, con el registro del domicilio de una periodista del Washington Post.
Pérez-Lugones, ciudadano estadounidense, exmiembro de la Armada y residente en Maryland, fue detenido a comienzos de enero, días después de la captura de Nicolás Maduro. Según la denuncia penal presentada ante un tribunal federal, contaba con autorización de seguridad secreta y acceso a información sensible. Los investigadores sostienen que accedió a informes de inteligencia clasificados sin tener necesidad de saber, realizó capturas de pantalla e impresiones de esos documentos y los sacó de instalaciones seguras, guardándolos posteriormente en su vehículo y en su domicilio.
El Departamento de Justicia le imputa, en un documento judicial, un delito de retención ilegal de información de defensa nacional, tipificado en la Ley de Espionaje. El medio Semáforo dijo la semana pasada que tanto el Washington Post como el New York Times supieron de la operación de captura de Maduro con antelación pero decidieron no adelantarla para proteger la seguridad e los soldados norteamericanos.
En la documentación judicial conocida hasta ahora no se menciona de forma expresa a Venezuela ni se acusa a Pérez-Lugones de haber difundido ese material a periodistas o a terceros. Sin embargo, en un escrito posterior, los fiscales alertaron del riesgo de que pudiera divulgar información clasificada si quedaba en libertad provisional, argumento con el que solicitaron que permaneciera detenido mientras espera juicio. Una vista para decidir sobre esa petición está prevista para este jueves en Baltimore.
Esta semana se dio el polémico registro del domicilio de la periodista Hannah Natanson, del Washington Post, en el marco de la investigación contra Pérez-Lugones. Agentes del FBI se incautaron de su teléfono móvil y un reloj Garmin, aunque le comunicaron que no es objetivo de la investigación. La orden de registro, cuyo auto permanece sellado, está directamente vinculada al procedimiento penal contra el contratista detenido.
La actuación provocó una reacción inmediata dentro y fuera del diario. El director ejecutivo del Washington Post, Matt Murray, calificó el registro de «extraordinario y profundamente preocupante», al considerar que plantea serias dudas sobre las protecciones constitucionales del trabajo periodístico. El sindicato del periódico expresó su apoyo a Natanson y advirtió de que la decisión de ejecutar una orden de registro en el domicilio de una reportera debería «alarmar a cualquiera que valore una prensa libre e independiente».
Desde el ámbito político, varios legisladores demócratas criticaron la actuación del Departamento de Justicia. El congresista Glenn Ivey, por ejemplo, calificó la medida de «desproporcionada» y «fuera de lugar», subrayando que en investigaciones penales suele recurrirse primero a vías menos intrusivas antes de autorizar un registro domiciliario, y más aún cuando se trata de una periodista.
El Departamento de Justicia defendió su actuación y aseguró que la Administración no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que pongan en riesgo la seguridad nacional. La fiscal general, Pam Bondi, confirmó públicamente el registro y recordó que, en abril, el Departamento rescindió las directrices de la era Biden que ofrecían mayores protecciones a los periodistas frente a citaciones judiciales y al acceso a sus registros telefónicos y electrónicos en investigaciones por filtraciones.
Hasta ahora, los documentos judiciales hablaban de informes relativos a un «país extranjero» sin identificarlo. Al atribuir públicamente el caso a filtraciones sobre Venezuela, el presidente eleva el perfil político del procedimiento y lo conecta con uno de los expedientes más sensibles de su política exterior tras la captura de Nicolás Maduro y el rediseño de la estrategia estadounidense hacia Caracas.
El episodio vuelve a situar en primer plano la tensión recurrente entre la lucha del Gobierno de Trump contra las filtraciones y la defensa de la libertad de prensa por parte de los corresponsales en Washington. Aunque no se han presentado cargos contra la periodista ni se la considera sospechosa, el registro de su domicilio ha reavivado el temor a que las investigaciones por seguridad nacional puedan acabar teniendo un efecto disuasorio sobre el trabajo informativo en Washington.
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Alberto Noticias
