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La organización global Amnistía Internacional exigió a la administración de Nicolás Maduro la liberación incondicional de un grupo de defensores de derechos humanos y comunicadores. La petición destaca los casos de Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejera, señalando que su reclusión responde a detenciones arbitrarias.
El organismo internacional enfatizó que la exigencia de libertad debe abarcar a todas las personas que permanecen bajo custodia injustificada en el país, incluyendo al politólogo y comunicador Nicmer Evans. Según la organización, estos procesos carecen de garantías judiciales y vulneran los estándares internacionales de derechos humanos.
Este pronunciamiento coincide con las denuncias de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la cual informó que, a pesar de las recientes excarcelaciones de entre 63 y 75 personas tras la crisis poselectoral de 2024la cifra de presos políticos en Venezuela se mantiene en 1.085.
Para JEP, estas medidas de carácter «selectivo y discrecional» confirman que la privación de libertad se utiliza como un instrumento de persecución política.
La ONG subrayó que la ausencia de un debido proceso efectivo pone en riesgo la integridad de los detenidosespecialmente en casos de mujeres, adultos mayores y personas con patologías graves. JEP reiteró que la permanencia en reclusión de estos ciudadanos representa un peligro elevado para su vida ante la falta de garantías en el sistema de justicia.
