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En la antesala de las celebraciones decembrinas, más de 900 personas permanecen privadas de libertad por razones políticaslejos de sus hogares y de sus seres queridos, tras los hechos represivos registrados luego del proceso electoral de 2024.
Para muchos de ellos, será otra Navidad en prisión; para otros, la primera vivida en condiciones de incertidumbre jurídicadenuncias de violaciones de derechos humanos y ausencia de garantías procesales, según organizaciones nacionales e internacionales.
A este escenario se suma el impacto de una diáspora que supera los ocho millones de venezolanos, quienes celebrarán estas fechas lejos de su país y de sus familias. La migración forzada ha fragmentado hogares y convertido la Navidad en un recordatorio constante de la nostalgia y el anhelo del reencuentro familiar y de “volver a casa”.
Este sentimiento se refleja ampliamente en redes sociales, tanto dentro de Venezuela como en la diáspora. Un video difundido por la cuenta @elpublicotv muestra a un joven venezolano despidiéndose de sus seres queridos antes de emigrar, mientras que otro, compartido por @unvzlanoenespana, expone la tristeza y las razones que llevan a miles de venezolanos a permanecer fuera del país año tras año.
Durante más de una década, la emigración masiva ha dejado una profunda huella social. Tras la derrota electoral del oficialismo, organizaciones de derechos humanos denunciaron un incremento de la represión, que califican como uno de los episodios más graves de las últimas décadas.
Cientos de ciudadanos fueron detenidos, criminalizados o forzados al exilio, consolidando el uso del miedo como mecanismo de control político.
A pocos días de la Nochebuena, numerosas personas continúan detenidas de forma arbitraria, sin acceso pleno a garantías judiciales. Muchos fueron arrestados por ejercer derechos fundamentales como la protesta pacífica, la expresión política o la organización social. Otros permanecen incomunicados, sin acceso a abogados de confianza ni información clara sobre su situación legal.
La represión tampoco ha excluido a menores de edad. La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) denunció el primer caso documentado de un adolescente condenado a 10 años de prisión por el presunto delito de terrorismo, según la tipificación oficial. Se trata de Gabriel José Rodríguez Méndez, cuya condena ha sido señalada como un precedente alarmante por su incompatibilidad con estándares internacionales de protección de la infancia.
Mientras tanto, cientos de familiares luchan diariamente por la liberación de sus seres queridos. Muchos detenidos padecen problemas de salud que requieren atención médica urgente, la cual según denuncias, no ha sido atendida de manera adecuada. Las consecuencias han sido graves: el reciente fallecimiento del dirigente político Alfredo Díaz reavivó las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes permanecen encarcelados.
En este contexto, los hijos del dirigente político Juan Pablo Guanipa denunciaron públicamente a través de la red social X la situación de salud de su padre:
“Mi papá necesita atención médica urgente. Padece hipertensión y resistencia a la insulina, por lo que requería chequeos constantes. Su condición actual de salud es completamente desconocida para nuestra familia. Exigimos visitas y atención inmediata, que se respeten los estándares internacionales y sus derechos fundamentales”.
En paralelo, familiares de detenidos han realizado actos simbólicos para visibilizar su situación. Uno de los más representativos fue la instalación de una “mesa navideña” con los nombres de los presos políticos, en alusión a las sillas vacías que este año no podrán ocupar en sus hogares.
Venezuela atraviesa una Navidad marcada por la represión, el exilio y la criminalización de la disidencia. Organizaciones de derechos humanos reiteran su llamado a la comunidad internacional para exigir la liberación de los presos políticos, garantizar atención médica a los detenidos y poner fin a la persecución política.
Sin libertad ni justicia, no habrá mesas completas ni abrazos para cientos de familias venezolanas. La ausencia forzada de personas privadas de libertad por motivos políticos y de millones de migrantes refleja el impacto humano profundo de una crisis prolongada, mientras las familias continúan alzando su voz con una exigencia común: libertad, justicia y el derecho a volver a estar juntas.
Artículo escrito por Rosangel Mendoza para El Nacional
