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El Partido Comunista de Venezuela (PCV) condenó la desaparición forzada de los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo, quienes, según la organización política, fueron detenidos de manera arbitraria por organismos de seguridad del Estado y permanecen incomunicados, sin que las autoridades informen sobre su paradero.
William Lizardo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción (Fetraconstrucción), se encuentra desaparecido desde el 27 de noviembre, tras haber sido apresado en San Diego, estado Carabobo, por presuntos funcionarios de la División de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Hasta la fecha, familiares y abogados desconocen su ubicación.
El PCV alertó que Lizardo, de 66 años, padece una grave afección cardíaca y requiere medicación diaria, a la cual no ha tenido acceso desde su arresto, lo que representa un riesgo inmediato para su vida. Además denunció que las autoridades se han negado a suministrar información sobre su estado y que sus parientes han sido objeto de intimidaciones, hechos que califican como graves violaciones de derechos humanos.
Por su parte, José Elías Torres, secretario general encargado de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), permanece en desaparición forzada desde el 29 de noviembre, cuando fue aprehendido en su residencia, en Caracas, también por funcionarios de la PNB. De acuerdo con el PCV, pese a los recursos legales interpuestos por sus familiares -incluyendo acciones de hábeas corpus- las autoridades no han ofrecido respuesta y su nombre no figura en registros oficiales de detención.
Ante esta situación, el Partido Comunista de Venezuela exigió al Estado informar de inmediato el paradero de ambos dirigentes sindicales, garantizar su vida e integridad física, permitir el acceso urgente a atención médica y comunicación con sus parientes, así como proceder a su liberación inmediata.
La organización advirtió que la persecución y criminalización del movimiento obrero constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales, y contribuye a profundizar la crisis política y social que atraviesa el país.
“Defender derechos no es delito”, subrayó el PCV, al tiempo que reiteró su exigencia de amnistía para los activistas políticos, sociales y sindicales detenidos por ejercer su derecho a la organización y la protesta.
