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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó este lunes su voz contra los bombardeos estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico, calificándolos como crímenes que deben ser investigados y sancionados. En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario anunció que su abogado, Dan Kovalik, ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, allegados de Alejandro Carranza, pescador samario asesinado tras el impacto de un misil contra su embarcación.
“Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por [el] misil disparado a su lancha en el Caribe”, escribió Petro, subrayando la necesidad de solidaridad y justicia para las víctimas.
Kovalik, reconocido jurista en derechos humanos y laborales, también representa a Petro ante la justicia estadounidense. Más allá de esta acción legal, el presidente colombiano instó a la agencia jurídica del Estado a convocar una comisión de abogados nacionales para investigar los crímenes cometidos en el mar Caribe y el Pacífico, recordando que la misión de dicha instancia es la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia.
Petro reiteró que los bombardeos ordenados por el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, han derivado en el asesinato de civiles caribeños y pacíficos, violando estándares internacionales y atentando contra el derecho humanitario.
Sumado a la acción de Venezuela
El anuncio del mandatario colombiano coincide con la postura de Venezuela, cuyo Parlamento discute la creación de una comisión especial para investigar las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas estadounidenses en el Caribe. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se han reunido con familiares de venezolanos asesinados en estas operaciones, calificadas como ilegítimas e ilegales.
De esta manera, Petro no solo exige justicia para las víctimas colombianas, sino que también se suma a los esfuerzos regionales encabezados por Venezuela, consolidando una posición conjunta en defensa de los derechos humanos en el Caribe y el Pacífico.
La polémica se intensificó tras revelaciones de The Washington Post, que citando fuentes militares, aseguró que Hegseth habría dado la orden verbal de “matarlos a todos” durante el primer ataque contra una embarcación en septiembre, lo que derivó en la ejecución de sobrevivientes tras un segundo bombardeo.
