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En los últimos años, el sistema financiero español ha recurrido con intensidad al nuevo Código de Buenas Prácticas para aliviar la carga hipotecaria de los hogares más expuestos a las subidas de tipos de interés. Entre 2022 y 2024, las entidades han tramitado alrededor de 7.500 operaciones bajo este paraguas normativo, con un volumen conjunto cercano a los 860 millones de euros.
Estos datos proceden del informe «La contribución del sector bancario al crecimiento económico y el progreso de la sociedad»elaborado por las asociaciones bancarias AEB, CECA y Unacc. El documento pone el foco en cómo estos códigos específicos han servido como red de seguridad para familias en situación delicada, especialmente en un contexto de Euríbor disparado y financiación más cara.
Qué es el Código de Buenas Prácticas y a quién protege
El estudio recuerda que en España conviven dos versiones del Código de Buenas Prácticas dirigidas a deudores hipotecarios con problemas de pago. La primera se aprobó en 2012, en plena resaca de la crisis financiera, y se actualizó en 2022; la segunda vio la luz precisamente en 2022, en un escenario marcado por la inflación y la rápida escalada de los tipos oficiales.
El código de 2012 está orientado a quienes se encuentran en el llamado «umbral de exclusión», es decir, hogares con graves dificultades para hacer frente a la hipoteca sobre su vivienda habitual. Su objetivo principal es permitir una reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecariade forma que las cuotas se acerquen a una hipoteca asumible para cada familia.
Desde su puesta en marcha hace más de una década, y tras la revisión de sus condiciones en 2022, este marco ha posibilitado que en torno a 70.000 familias hayan renegociado su préstamo con su banco. En la práctica, esto se materializa en alargamientos de plazo, ajustes de tipo de interés o cambios en las condiciones para aliviar la presión mensual.
El código aprobado en 2022por su parte, se dirige a deudores considerados en riesgo de vulnerabilidad, una categoría algo más amplia que la del umbral de exclusión. Este segundo paquete de medidas se centra menos en la reestructuración profunda y más en ofrecer flexibilidad para adaptar las hipotecas a un entorno de tipos altos.
Entre las opciones contempladas se incluyen el cambio de hipotecas de tipo variable a tipo fijo y la posibilidad de realizar amortizaciones totales o parciales de préstamos variables sin tener que abonar comisiones. Estas alternativas buscan limitar la exposición de los hogares a futuras subidas del Euríbor, al tiempo que permiten adelantar pagos cuando la economía familiar lo permite.
7.500 operaciones y 860 millones bajo el nuevo marco
De acuerdo con las cifras recogidas por AEB, CECA y Unacc, entre 2022 y 2024 las entidades financieras han gestionado unas 7.500 operaciones adheridas al nuevo Código de Buenas Prácticas. El importe conjunto de estas actuaciones ronda los 860 millones de euroslo que da una idea del volumen de hipotecas que se han modificado o refinanciado dentro de este esquema.
Estas actuaciones no se limitan a un único tipo de medida: abarcan desde renegociaciones de cuotas y plazos hasta cambios en el tipo de interés aplicado o amortizaciones sin penalización. El denominador común es que todas se realizan bajo las condiciones y salvaguardas previstas en los códigos, que fijan criterios de acceso y líneas de actuación para garantizar un trato homogéneo.
Las asociaciones bancarias subrayan que el uso de estos códigos se ha concentrado en el periodo en el que el encarecimiento de la financiación ha sido más intenso. No obstante, insisten en que el mecanismo sigue disponible para quienes cumplan los requisitos de vulnerabilidad o riesgo establecidos y necesiten un respiro en su hipoteca.
En términos de impacto agregadoestas 7.500 operaciones se suman al histórico de intervenciones del código original, que desde 2012 ya había ayudado a decenas de miles de familias a salvar su vivienda habitual o a mantener sus pagos en niveles asumibles.
El informe de las patronales señala que estas cifras pueden no reflejar la totalidad de acuerdos alcanzados entre bancos y clientes, ya que a menudo se negocian soluciones individuales fuera del marco formal de los códigos, pero en línea con su espíritu de protección al deudor vulnerable.
El papel del BCE y del Euríbor en la activación de las medidas
La generalización de estas herramientas a partir de noviembre de 2022 se explica, en gran medida, por el rápido giro en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Para contener una inflación en máximos de varias décadas, el organismo inició una subida acelerada de los tipos de interés oficiales, que tuvo un efecto inmediato en el coste de las hipotecas variables.
Durante 2022, el Euríbor a 12 meses pasó de valores negativos a situarse por encima del 2% en apenas unos meses. Este salto se tradujo en revisiones al alza de las cuotas hipotecarias para millones de hogares españoles cuyo préstamo estaba referenciado a este índice.
La tendencia alcista continuó y, ya en 2023, el Euríbor llegó a situarse cerca del 4%consolidando un escenario de financiación mucho más exigente para las familias. El impacto fue especialmente notable entre los titulares de hipotecas a tipo variable con rentas más ajustadas, que vieron cómo el recibo mensual se incrementaba de forma significativa.
Ante esta situación, el Gobierno y las entidades financieras pactaron reforzar y ampliar los Códigos de Buenas Prácticas para ofrecer un colchón a los deudores más expuestos. Fue en este contexto cuando se impulsó el uso del nuevo código de 2022, complementando al ya existente de 2012.
Las medidas acordadas incluían desde congelaciones temporales de cuotas hasta reestructuraciones más profundas de la deuda, pasando por la opción de transformar préstamos variables en fijos para ganar estabilidad a largo plazo. La prioridad era evitar que el repunte de tipos se tradujera en un aumento drástico de la morosidad y en un deterioro de la situación social de los hogares más frágiles.
Reducción de la carga financiera de los hogares
Más allá del número de operaciones concretas, las patronales bancarias ponen el acento en la evolución de un indicador clave: el porcentaje de hogares con una carga financiera considerada elevada. Según el informe, entre 2022 y 2024 este porcentaje habría descendido del 4,6% al 4,1%.
El descenso es todavía más intenso en el segmento de población con menores ingresos. En el quintil de renta más baja, la proporción de familias con un esfuerzo financiero alto habría pasado de alrededor del 12% a situarse por debajo del 10% en el mismo periodo analizado.
Las asociaciones bancarias atribuyen esta mejora a una combinación de factores: por un lado, el efecto directo de las operaciones acogidas a los códigosque alivian la cuota mensual a los hogares en problemas; por otro, un contexto macroeconómico que, pese a la inflación y la subida de tipos, ha mostrado cierta resiliencia en términos de empleo y actividad.
En cualquier caso, el informe subraya que la finalidad de estos mecanismos es evitar situaciones de sobreendeudamiento insostenibleque puedan desembocar en impagos masivos o en pérdida de vivienda. De ahí que las medidas se concentren en aquellos colectivos que cumplen criterios estrictos de vulnerabilidad.
Desde el sector financiero se defiende que la aplicación de los códigos ha contribuido a moderar el impacto social de la subida de tipos en España, en contraste con escenarios anteriores en los que la red de protección institucional era menor y las consecuencias de las crisis recaían con más fuerza sobre los deudores hipotecarios.
Contando tanto el código de 2012 como el de 2022, el conjunto de actuaciones muestra un uso creciente de herramientas de alivio hipotecario que, según las patronales, ha ayudado a amortiguar el ajuste y a mantener el sistema bancario y a las familias en una posición más equilibrada.
La experiencia de estas 7.500 operaciones vinculadas al nuevo Código de Buenas Prácticassumadas a las cerca de 70.000 familias que han renegociado su hipoteca desde 2012, dibuja un escenario en el que la regulación específica y la colaboración entre bancos y administraciones se han convertido en piezas clave para gestionar periodos de tensión financiera y ofrecer una vía de salida a los deudores en dificultades sin recurrir a soluciones traumáticas.
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