Últimas noticias de última hora Portal de noticias en línea
con una espátula
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha reavivado el debate sobre el riesgo de extraditar a personas capturadas en territorio colombiano hacia Venezuela, en medio de advertencias de organismos internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en ese país.
Por El Tiempo
El caso de Johan Michael García Rojas, conocido como alias Gallina e identificado por las autoridades como integrante del grupo criminal Tren de Aragua, se ha convertido en el ejemplo más reciente de esta controversia judicial.
En los últimos meses, la Sala Penal de la Corte Suprema ha retomado la discusión sobre las extradiciones a Venezuela, un tema que ya había generado preocupación en expedientes anteriores.
En abril de 2024, el caso de Édgar Alonso Valencia Quesadasolicitado por la justicia venezolana por homicidio y estafa, llevó a varios magistrados a insistir en la necesidad de examinar el contexto del sistema penitenciario y judicial venezolano, a la luz de alertas previas sobre tratos contrarios a los estándares internacionales.
Posteriormente, el 7 de mayo, la solicitud de extradición de Germani Gabriel Blanco Morenoinvestigado por homicidio calificado, volvió a dividir a la Sala, con despachos que expresaron inquietudes sobre las garantías mínimas que tendrían los procesados una vez entregados a la justicia venezolana.
El proceso de extradición de alias Gallina marcó un punto de inflexión en el debate, según un reciente artículo de El Tiempo.
García Rojas es requerido por las autoridades venezolanas por delitos de tráfico de estupefacientes, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y financiamiento al terrorismo.
Su caso llevó al magistrado Carlos Roberto Solórzano a emitir un salvamento de voto en el que calificó al gobierno venezolano como “completamente ilegítimo” y citó informes de organismos internacionales que documentan “violaciones sistemáticas de derechos humanos como política de Estado”.
El magistrado Solórzano fundamentó su postura en hallazgos de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que ha señalado la existencia de detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual cometidas por agentes estatales venezolanos contra opositores, militares disidentes, abogados, periodistas y funcionarios.
Para conocer más detalles ingrese AQUÍ
