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La decisión del Gobierno de la República Dominicana de posponer la Décima Cumbre de las Américas no solo responde a «la falta de consenso» y a «eventos climáticos», como señala el escueto comunicado oficial, sino que evidencia una profunda fractura política en la región, marcada por exclusiones selectivas y tensiones geopolíticas que han socavado la legitimidad del foro.
El anuncio, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, oculta un hecho clave: la exclusión deliberada de Cuba, Venezuela y Nicaragua del evento, bajo el argumento de «garantizar el desarrollo del foro». Esta decisión, tomada el 30 de septiembre, fue ampliamente rechazada por varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos México y Colombia, cuyos mandatarios, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, anunciaron su no participación en señal de protesta.
La exclusión, impulsada en coordinación con Estados Unidos y respaldada por la OEA, fue interpretada por diversos sectores como una muestra de la voluntad excluyente que ha caracterizado la organización de esta cumbre, transformando un espacio de diálogo hemisférico en una plataforma de alineamiento político. Organizaciones sociales dominicanas también alzaron su voz, denunciando que la cumbre se ha convertido en «un instrumento del imperio norteamericano para consolidar su hegemonía, su injerencia y su saqueo contra nuestros países».
Más allá de las razones climáticas esgrimidas, la verdadera causa de la suspensión radica en la pérdida de legitimidad del evento, al excluir a gobiernos electos de la región por motivos ideológicos. Esta postura no solo fractura el principio de pluralidad democrática, sino que debilita la capacidad de la Cumbre para abordar los desafíos comunes del continente, como la migración, el cambio climático, la desigualdad y la seguridad regional.
Además, el contexto de tensiones militares en el Caribe, con amenazas de intervención y despliegues navales por parte de Estados Unidos, fue completamente omitido en el comunicado oficial, a pesar de su impacto directo en la estabilidad regional y en la viabilidad del evento.
Analistas como la comunicadora dominicana María Elena Núñez han señalado que la decisión de posponer la cumbre fue acertada desde una perspectiva pragmática, ya que la República Dominicana tenía más que perder que ganar como anfitrión de un evento marcado por la controversia y la polarización.
En definitiva, la postergación de la Cumbre de las Américas no es un simple ajuste de calendario, sino el reflejo de una crisis de representatividad y de un modelo de integración hemisférica que excluye, divide y responde a intereses geopolíticos ajenos a las verdaderas necesidades de los pueblos de América.
