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El Ministerio de Educación quiere reducir por ley, a partir del curso que viene, la ratio de alumnos por aula en los centros educativos a los que asiste el alumnado desfavorecido. Una propuesta que ha presentado este martes a los sindicatos de enseñanza en la reunión más importante que han mantenido desde que a principios de año se abriera la negociación para la reforma del profesorado. Educación descarta una bajada general del número de estudiantes por clase y opta por aplicar lo que describe como un criterio de “equidad”, según afirman fuentes asistentes al encuentro que se está desarrollando esta mañana. Una de las consecuencias de ello es que el alumnado, y el profesorado, de la enseñanza pública será el principal beneficiario de la medida, dado que matricula a la inmensa mayor parte del alumnado vulnerable. En concreto, según un informe publicado la semana pasada por CC OO, al 80% del alumnado en desventaja socioeducativa, 12,5 más de lo que le correspondería en función de su peso en el conjunto de la red educativa.
La medida se articulará a través de dos líneas. Por un lado, una bajada de ratio vinculada a la presencia de alumnado con necesidades de apoyo educativo, y por otro, orientándolos a centros que cuenten con un nivel socioeducativo bajo. Con tal fin, se creará un índice de situación de vulnerabilidad socioeducativa elaborado por el Ministerio de Educación con la finalidad de detectar aquellos centros específicos donde más necesaria resulte la bajada de las ratios. La bajada de ratios se concentrará en aquellos cursos que, en opinión del ministerio, se consideran cruciales para reducir el fracaso escolar, como en 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO, y FP Básica, o donde ahora es más alta, como Bachillerato.
El ministerio ha señalado que su propuesta no está cerrada, sino que comienza ahora una negociación con los sindicatos previa a la elaboración de un anteproyecto de ley. Para su aprobación el Gobierno necesitará, además, reunir apoyos de otros grupos en el Congreso. Hasta ahora, legalmente, las ratios máximas se sitúan en 25 estudiantes en Infantil y Primaria, 30 en la ESO, y 35 en Bachillerato, si bien, en la práctica, debido al descenso de la natalidad, muchas comunidades han aprobado bajadas en los últimos cursos. En Primaria lo han hecho 12 de las 17, según cálculos del STES. La ley que el Gobierno quiere aprobar incluirá también, entre otras medidas, la bajada de las horas lectivas (en el aula) del profesorado, que quedarían en 18 en secundaria y 23 en primaria, como estaban antes de los recortes aplicados en 2012 por el Gobierno del PP.
La respuesta de los sindicatos, que tienen en la bajada de las ratios una de sus grandes reivindicaciones, va a depender de los detalles. Aunque la música suena bien para buena parte de ellos, la clave estará a cuántos centros educativos puede alcanzar en concreto la medida y con qué intensidad.
Más profesores
La propuesta de Educación parte de la premisa de que bajar ratios es, en general, positivo para todo el alumnado. Pero que dado que es una medida costosa, porque requiere la contratación de más profesorado e incluso puede precisar en algunos casos más espacio físico (como demostró la pandemia), es justo centrarlo en el alumnado que más lo necesita, y el entorno socioeconómico y cultural en el que crecen los estudiantes es el factor que más influye en su rendimiento.
La investigación educativa ha demostrado, además, que la reducción de las ratios (sobre todo si es potente) mejora los resultados sobre todo del alumnado desfavorecido. Es decir, que emplear los recursos para reducir el número de estudiantes en las clases de alumnado vulnerable no solo aumenta la equidad, sino también más eficiente.
Una bajada general, por ley, de las ratios máximas implicaría, además, que debería aplicarse a toda la red, incluida a la enseñanza concertada, que según muestran regularmente los indicadores matricula a menos alumnado vulnerable del que le correspondería si el reparto fuera equitativo, pese a estar financiados con fondos públicos. Parte de los colegios concertados, además, no son partidarios de las bajadas de ratios, porque debido al perfil de su alumnado no lo necesitan tanto, y, en cambio, puede implicarles un aumento de costes.
En enero de 2022, el Ministerio de Educación presentó el documento 24 propuestas para la reforma del profesorado. Buscó con ello cumplir una previsión contenida en la ley educativa, la Lomloe, que establecía que el Gobierno debía presentar “una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente”. A principios de este año, el ministerio abrió con los sindicatos de enseñanza la negociación para abordar dicha reforma.
El ritmo ha sido, sin embargo, muy lento, y el de este martes es el primer documento que Educación les ha presentado a los sindicatos, circunscrito a una serie de puntos específicos. La idea del Gobierno, como adelantó la semana pasada el presidente Pedro Sánchez, es aprobar las nuevas medidas mediante una ley. En concreto, según ha indicado este martes Educación, una reforma de la ley 4/2019. La tramitación podría empezar, según el ministerio, el mes que viene.
Ello permitiría, por un lado, blindar los cambios, e impedir que las comunidades autónomas las contradijeran como sucedió con la ley impulsada por el ministerio en 2019, que se limitó a recomendar a los Ejecutivos autonómicos que limitaran a 23 horas las horas de clase del profesorado en los colegios de infantil y primaria, y a 18 las de los docentes en los institutos de secundaria. Al mismo tiempo, sin embargo, su tramitación a partir de un anteproyecto de ley requerirá tiempo y también que el Gobierno logre el apoyo de sus socios, con la dificultad añadida de que los partidos nacionalistas suelen mostrarse renuentes a aprobar normativa educativa que establezca límites cerrados con carácter estatal. Es decir, que existe el riesgo de que no dé tiempo a aprobar la nueva ley antes del fin de la legislatura (como ya sucedió la legislatura pasada con la Ley de Enseñanzas Artísticas), o de que no reúna los apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso, algo, que, sin embargo, podría acabar teniendo un coste para las formaciones políticas que se opongan a la norma.
