
La Casa Blanca ha dado un paso inédito al permitir que los planes de jubilación 401(k) puedan incluir inversiones en activos alternativos, entre ellos criptomonedas, capital riesgo y bienes inmuebles. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump abre un debate de gran calado sobre cómo diversificar el ahorro para la jubilación en Estados Unidos.
El movimiento busca ampliar opciones y derribar barreras regulatorias que durante años mantuvieron a los activos alternativos fuera del alcance de la mayoría de carteras de aportación definida. En paralelo, la Administración ha anunciado medidas para atajar la llamada desbancarización de determinados colectivos y empresas vinculadas al sector cripto.
Qué cambia con la orden ejecutiva
El Departamento de Trabajo deberá reexaminar su guía bajo ERISA para aclarar cómo pueden ofrecerse activos alternativos en 401(k) y qué implica el deber fiduciario en estos casos. Según fuentes oficiales citadas por medios financieros, Trabajo coordinará con el Tesoro, la SEC y otros reguladores la revisión de normas y directrices vigentes.
La SEC ha recibido instrucciones para facilitar el acceso a estos activos en planes de contribución definida dirigidos por los participantes, lo que podría abrir la puerta a vehículos diversificados que incluyan una pequeña exposición a criptomonedas y a mercados privados.
El alcance potencial es notable: distintas estimaciones sitúan el ahorro acumulado en cuentas de jubilación de este tipo alrededor de los 12,5 billones de dólares. La industria de gestión de activos ve aquí una fuente de crecimiento, especialmente tras años en que el número de compañías cotizadas disminuyó y los activos alternativos ganaron peso.
Los 401(k) son un pilar del ahorro en EE. UU.donde el empleado decide cuánto de su salario aporta y en qué invierte, a menudo con contribuciones complementarias de la empresa. Hasta ahora, la mayoría de carteras se concentraban en acciones, bonos y fondos indexados, frente a un enfoque europeo más conservador y cargado de renta fija.
Impacto en ahorradores y gestores
No habrá cambios prácticos inmediatos. Las agencias deberán redactar normas y aclaraciones, un proceso que analistas de políticas públicas estiman que podría demorarse hasta 2026. Los empleadores, por su parte, tendrán que realizar una diligencia debida rigurosa antes de ofrecer nuevas opciones.
Más opciones no significa menos riesgo. Las inversiones alternativas suelen tener periodos de bloqueo, menor liquidez y comisiones más elevadas que acciones y bonos cotizados. Además, los requisitos de información pueden ser distintos, lo que obliga a reforzar la evaluación de idoneidad y la transparencia para el partícipe.
Gestoras y fondos de capital privado ya preparan productos adaptados a vehículos de jubilación, mientras algunos grandes actores han anunciado planes para integrar un porcentaje de activos privados en estrategias objetivo-fecha a partir de los próximos años. La inclusión de cripto, de producirse, será previsiblemente gradual y con límites de exposición.
El debate sobre la asignación óptima está abierto. Algunas voces del mercado plantean pequeñas ponderaciones a criptomonedas dentro de carteras diversificadas, mientras otras advierten de su elevada volatilidad y de los retos de custodia y cumplimiento normativo en planes de aportación definida.
Reacciones del mercado y del sector
Para parte de la industria es una victoria regulatoriaal permitir competir con un menú de inversiones más amplio y potencialmente mejorar la diversificación. Medios como Bloomberg y Reuters destacan que la orden podría canalizar nuevos flujos hacia activos alternativos y dar otro impulso a la legitimación del mercado cripto entre inversores institucionales.
Persisten, no obstante, las cautelas: expertos consultados por la prensa especializada subrayan que la complejidad operativa, los costes y la iliquidez exigen salvaguardas claras. También alertan de posibles litigios si no se define con precisión el proceso fiduciario y el perfil de los partícipes a los que se ofrecen estas opciones.
El efecto sobre precios y demanda es incierto. Incluso asignaciones modestas podrían traducirse en entradas relevantes para las principales criptomonedas, pero los analistas recuerdan que no todos los patrocinadores de planes adoptarán estas alternativas ni en la misma medida, y que el ciclo normativo marcará el ritmo.
Grandes proveedores de 401(k) observarán la evolución regulatoria antes de incorporar nuevas opciones al menú estándar. Algunas entidades ya han hecho pilotos con exposición a bitcoin en planes patrocinados, si bien la adopción ha sido limitada hasta la fecha por prudencia regulatoria y responsabilidades fiduciarias.
Desbancarización y agenda cripto de la Administración
Una segunda orden ejecutiva aborda la desbancarización de empresas cripto y de otros colectivos. El texto insta a los supervisores bancarios a retirar criterios de “riesgo reputacional” de sus guías y formación, e identificar a las entidades que aplicaron estas prácticas para imponer sanciones y medidas correctivas.
El debate sobre una supuesta “Operation Choke Point 2.0” se ha intensificado en los últimos meses, con el sector cripto denunciando restricciones injustificadas al acceso a servicios bancarios. La Administración actual sostiene que busca corregir esas prácticas y normalizar la relación entre banca y proveedores de activos digitales.
La medida se suma a una agenda más amplia que incluye el impulso de un marco para las stablecoins, el debate de normas para activos digitales y el rechazo a un dólar digital retail. También se han nombrado perfiles favorables a la innovación en puestos clave y se han revisado litigios iniciados en el ciclo anterior contra diversas plataformas del sector.
Lo que viene ahora
Trabajo, Tesoro y la SEC deberán concretar el “cómo”: criterios de selección de gestores, límites de exposición, obligaciones de divulgación, custodia, valoración y liquidez, así como pautas claras sobre el deber fiduciario cuando se incluyan activos alternativos y cripto en los fondos ofrecidos a los partícipes.
Los patrocinadores de planes necesitarán políticas y controles para evaluar riesgos, comisiones y adecuación a los distintos perfiles de empleados. La formación financiera y la transparencia sobre características y costes serán claves para evitar malentendidos y para cumplir con las responsabilidades legales.
Si el marco queda bien definidolas carteras de jubilación podrían incorporar dosis medibles de diversificación más allá de los mercados cotizados. En caso contrario, la adopción será lenta y limitada, especialmente en lo relativo a criptomonedas, por su elevada volatilidad.
El giro regulatorio marca un punto de inflexión que podría reconfigurar el ahorro para la jubilación en EE. UU.: más alternativas para el partícipe, mayor competencia entre gestoras y un escrutinio reforzado sobre riesgos, comisiones y procesos fiduciarios para proteger a los ahorradores a largo plazo.

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