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La Administración pública española se prepara para una de sus reformas más ambiciosas en acceso y selección de personal para los grupos A1 y A2. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha presentado un renovado sistema de oposiciones que pone el foco en la formación previa al acceso y en la adaptación a perfiles profesionales emergentes, con el objetivo de actualizar la función pública acorde con los retos actuales.
La renovación, impulsada bajo el marco “Consenso para una Administración Abierta”, representa un giro respecto al mecanismo clásico de oposiciones. El nuevo procedimiento se define por la sustitución del tradicional examen eliminatorio por un itinerario formativo estructurado similar a un máster universitario gratuito. Solo quienes superen una primera prueba de acceso podrán cursar estos programas, que tendrán una duración de dos años y serán impartidos por institutos y escuelas de formación públicas.
Formación reglada y créditos ECTS: así será la nueva oposición para A1 y A2
El acceso a la función pública en los grupos A1 y A2 estará condicionado a la superación de dos fases. En primer lugar, los aspirantes deberán pasar una prueba que les permitirá acceder a un periodo formativo estructurado de dos cursos académicos. Esta formación está adaptada al sistema europeo de créditos ECTS: 120 ECTS para el subgrupo A1 y 90 para A2. Durante este tiempo, los futuros funcionarios recibirán contenidos específicos en competencias digitales, gestión pública y nuevas habilidades esenciales para las exigencias actuales de la administración.
Una vez finalizado este ciclo, los candidatos deberán superar un examen final que determinará a quién se le otorga la plaza según las mejores calificaciones. El número de alumnos admitidos en la fase formativa será mayor que las plazas disponibles, lo que fomenta la competencia y garantiza la selección de los perfiles más adecuados.
Aquellos que completen la formación pero no superen el examen final recibirán un título oficial equivalente a un posgrado universitario, acreditando así su especialización y esfuerzo.
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Garantía de igualdad y sistema de becas
Para evitar las desigualdades, la admisión al itinerario formativo se decide por una prueba única y vinculada al mérito. Además, el Gobierno plantea integrar este proceso con el sistema estatal de becas, gestionado por el Ministerio de Educación, para asegurar que ningún aspirante quede fuera por motivos económicos. Este enfoque refuerza el acceso igualitario y fomenta la diversidad en los perfiles seleccionados.
El nuevo sistema se aplicará únicamente a opositores de los grupos A1 y A2, reservando el sistema clásico para otros subgrupos. Para C1 y C2, la formación se impartirá tras la obtención de la plaza, permitiendo una adaptación más específica a cada puesto.
Nuevas estrategias para la transformación digital y servicios públicos
Dentro del paquete de medidas del plan, el Ejecutivo ha previsto una inversión de 43 millones de euros destinada a digitalizar y modernizar la administración. En este sentido, se desarrolla una plataforma de Inteligencia Artificial de desarrollo propiocon el objetivo de simplificar trámites y anticipar las necesidades tanto de ciudadanos como de empresas.
Uno de los cambios más esperados es la gradual eliminación de la cita previa obligatoria. El Ministerio trabaja para que, mediante nuevas tecnologías y la introducción de la IA en la gestión, el acceso a los servicios públicos sea más ágil y cercano. Además, se contempla la creación de oficinas únicas integradas —por ejemplo, en sedes de Correos—, donde se puedan realizar múltiples gestiones administrativas desde un solo punto, facilitando la vida cotidiana de la ciudadanía.
Reacción social y horizonte normativo
El modelo, presentado por el ministro Óscar López y la secretaria de Estado Clara Mapelli, ha sido recibido con prudencia y algunas reservas por parte de asociaciones de funcionarios y sindicatos, que solicitan mayor claridad sobre la implantación y el impacto en la objetividad y capacidad de selección. El Gobierno, por su parte, enfatiza que la propuesta sigue estándares europeos y será negociada con los agentes sociales para alcanzar el máximo consenso, además de armonizar con las normativas de las comunidades autónomas.
El despliegue de este nuevo sistema dependerá en parte del respaldo normativo del Congreso y de la colaboración interinstitucional. Aunque el calendario aún no está completamente definido, el Ejecutivo confía en que representará la mayor evolución en el acceso al empleo público desde la llegada de internet.
