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En teoría, Benjamín Netanyahu podría haber sido detenido durante su visita a Hungría, el jueves (3.4.2025). Esto se debe a que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí en noviembre de 2024, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza y crímenes contra la humanidad.
Pero Netanyahu pudo confiar durante su estancia en Hungría en que nadie lo iba a molestar. Aunque este país forma parte de la Unión Europea y es miembro fundador de la Corte Penal Internacional, el gobernante autoritario populista de derecha Viktor Orbán prometió abiertamente a su invitado un salvoconducto antes de su visita.
Ni Scholz ni Merz se imaginan una detención de Netanyahu
En realidad, Netanyahu probablemente no tendría nada que temer en la mayoría de los demás países europeos, incluida Alemania. El canciller en funciones, Olaf Scholz, que seguirá en el cargo hasta que se forme un nuevo gobierno, dijo ayer en Berlín: «No puedo imaginar que vaya a haber una detención en Alemania».
Sus palabras recuerdan a las que su posible sucesor, Friedrich Merz, pronunció un día después de las elecciones al Bundestag, el 23 de febrero: «Me parece una idea completamente absurda que un primer ministro israelí no pueda visitar la República Federal de Alemania». Al parecer, el democristiano Merz había prometido a Netanyahu en una llamada telefónica que encontraría los medios para visitar Alemania y marcharse de nuevo sin ser detenido.
El Bundestag ha encargado un informe de expertos
Pero las cosas no son tan fáciles como se imagina Merz. Eso es lo que se deriva del resultado de un estudio pericial elaborado por el Servicio Científico del Parlamento alemán, a petición del político del partido La Izquierda Gregor Gysi. En el núcleo de ese análisis están las obligaciones relativas al derecho internacional para los 124 Estados que forman parte de la Corte Penal Internacional, obligaciones establecidas en el documento fundacional, el llamado Estatuto de Roma.
El artículo 89 dice: «La Corte podrá pedir a cualquier Estado en cuyo territorio se crea que se encuentra una persona (…) que coopere en la detención y entrega de esa persona». Por tanto, Alemania tendría que extraditar a Netanyahu a La Haya, ya que eso se desprende de la ley de cooperación con la CPI, aprobada por el Bundestag en 2002.
Teóricamente, Netanyahu debería ser extraditado
El párrafo 2 es claro: «Las personas cuya entrega haya sido solicitada por la Corte Penal Internacional, de conformidad con el Estatuto de Roma, y que se encuentren en Alemania, serán entregadas para su enjuiciamiento y ejecución de la pena de conformidad con el Estatuto de Roma y la presente ley.»
En su informe, el Servicio de Investigación del Bundestag aclara que no hay margen legal para ignorar una orden de detención internacional: «Al contrario, el Ministerio de Justicia tendría que remitir una solicitud de traslado a la fiscalía competente para que se proceda a la detención».
Responsabilidad histórica de Alemania hacia Israel
El informe también aborda la especial responsabilidad política y moral de Alemania hacia Israel. Durante la época nacionalsocialista, unos seis millones de personas de confesión judía fueron asesinadas sistemáticamente en Europa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Debido a esta culpa y responsabilidad históricas, se considera que garantizar el derecho de Israel a existir y su seguridad son razón de Estado para Alemania.
Sin embargo, subraya el Servicio de Investigación, esta es una máxima puramente política, no un principio jurídicamente vinculante de la autoridad estatal y la política exterior alemanas. El debate sobre una posible detención de Netanyahu por las autoridades alemanas es, por tanto, un dilema político, pero no jurídico.
También existe orden de arresto contra Vladimir Putin
Hay otro punto delicado en el debate político y mediático sobre la relación de Alemania con el primer ministro de Israel, Netanyahu, y tiene que ver con Vladimir Putin: desde marzo de 2023, también hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En aquel momento, el canciller Olaf Scholz y su entonces ministro de Justicia, Marco Buschmann, no dejaron ninguna duda al respecto: habría que extraditar a Putin si este pisara suelo alemán. Alemania estaría obligada a detenerlo y entregarlo a la Corte Penal Internacional.
Por su parte, el Gobierno ha dado a la prensa respuestas evasivas ante el informe del Servicio Científico del Bundestag. En la conferencia de prensa ofrecida tras su publicación, la contestación fue: «Por supuesto, tomamos nota de esto, pero todavía no puedo proporcionar un nuevo estatus», dijo una portavoz del Gobierno.
(MS/CP)
