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La parálisis del Catastro en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en uno de los focos de tensión más significativos para el entramado económico y profesional del territorio bonaerense. Lo que empezó como una medida de fuerza sindical se ha prolongado en el tiempo hasta derivar en un bloqueo casi total de los trámites catastrales básicos.
Este escenario no solo afecta a quienes trabajan día a día con la Dirección Provincial de Catastro Territorialdependiente de ARBA, sino que también se está dejando notar en el mercado inmobiliario, en las operaciones de compraventa y en los contribuyentes que necesitan regularizar sus inmuebles o avanzar en proyectos urbanísticos.
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Un conflicto gremial que mantiene semiparalizado el organismo
Desde finales de febrero, la Dirección Provincial de Catastro Territorial se encuentra sometida a un régimen de asambleas prolongadas y retención de tareas impulsado por el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Esta modalidad de protesta ha reducido el funcionamiento del organismo a un mínimo, generando una montaña de expedientes atrasados y gestiones sin resolver.
Las medidas de fuerza, que oficialmente se encuadran como reclamos laborales, han tenido en la práctica un efecto de paralización casi total de los servicios catastrales. La imposibilidad de tramitar con normalidad las gestiones esenciales ha encendido las alarmas en colegios profesionales, inmobiliarias, escribanías y entre los propios contribuyentes.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), de la que depende Catastro, se ve así inmersa en una situación paradójica: un organismo concebido para mejorar la eficiencia recaudatoria y ordenar el territorio ha pasado a ser, según señalan los afectados, un verdadero cuello de botella para la circulación de capitales y la seguridad jurídica.
El conflicto no solo se mide en términos de demoras administrativas, sino también por el efecto dominó que genera en la actividad económica y profesional de todos los actores que dependen de la actualización catastral para poder trabajar o concretar operaciones.
Ingenieros y mensuras: un bloqueo directo al ejercicio profesional
Uno de los sectores más golpeados por esta parálisis es el de los ingenieros matriculados en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA)que han elevado públicamente su preocupación por lo que consideran un bloqueo directo a su derecho al trabajo.
Los profesionales de la mensura necesitan que Catastro apruebe planos y registre estados parcelarios para poder cerrar sus encargos y percibir honorarios. Sin estos pasos administrativos, los proyectos quedan técnicamente inconclusos, lo que retrasa el cobro, complica la relación con los clientes y pone en riesgo la continuidad de muchos estudios y pequeñas oficinas técnicas.
Desde el CIPBA recalcan que este freno no es un inconveniente menor o puntual, sino una situación que, prolongada en el tiempo, se traduce en pérdida de ingresos y precarización del ejercicio profesional. Muchos ingenieros se ven obligados a explicar una y otra vez a sus comitentes que los retrasos no dependen de ellos, sino de la inactividad del organismo provincial.
En su comunicado, el Colegio denuncia que este contexto supone un “bloqueo directo” a la mensura y a todas las tareas vinculadas con el ordenamiento territorialal impedir que los proyectos avancen de la fase técnica a la fase registral y jurídica. La sensación dominante entre los profesionales es de desgaste, impotencia y creciente incertidumbre sobre los tiempos de resolución.
Mercado inmobiliario frenado y operaciones en el aire
El impacto de la parálisis de Catastro también se hace sentir en el mercado inmobiliario bonaerensedonde las compraventas y las escrituraciones necesitan de información catastral actualizada para poder avanzar con garantías jurídicas y fiscales.
Numerosas operaciones se encuentran en pausa porque los escribanos no pueden acceder a informes y certificados catastrales vigentesun requisito imprescindible para valorar correctamente los inmuebles, verificar su situación parcelaria y completar las escrituras. Sin esa documentación, las partes prefieren esperar antes de asumir compromisos que luego resulten imposibles de cumplir.
Esta situación suma un elemento de incertidumbre jurídica a un mercado que ya suele moverse con cautela. Los plazos se alargan, las partes renegocian condiciones y muchas veces se opta por suspender o directamente cancelar operaciones ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos formales.
La propia valuación fiscal de los inmuebles se ve alterada por la falta de actualización de los datos en Catastro, lo que tiene efectos tanto en el cálculo de tributos como en la planificación de inversiones. En un contexto donde cada día de demora puede significar una pérdida económica, la parálisis del organismo se percibe como un verdadero factor de riesgo.
Contribuyentes atrapados en un conflicto ajeno
No solo los profesionales e inmobiliarias están sufriendo las consecuencias: los contribuyentes particulares que buscan poner en regla su situación también se ven atrapados en esta coyuntura. Quienes intentan regularizar la titularidad de sus propiedades, corregir datos o avanzar en subdivisiones y proyectos de construcción se encuentran con trámites virtualmente congelados.
La imposibilidad de completar gestiones como la subdivisión de terrenos, unificación de parcelas o actualización de datos catastrales impide a muchas familias y pequeños inversores dar el siguiente paso en sus proyectos de vivienda o desarrollo inmobiliario. En la práctica, quedan en un limbo administrativo del que resulta difícil salir mientras dure el conflicto.
Desde el Colegio de Ingenieros y otros actores del sector se insiste en que los contribuyentes se han convertido en rehenes de una disputa que no provocaron. Reclaman que, más allá de las reivindicaciones gremiales, se garantice un nivel mínimo de funcionamiento que permita resolver situaciones de particular urgencia o con fuerte impacto social y económico.
Esta sensación de estar “en el medio” alimenta la percepción de que el Estado provincial no está logrando equilibrar adecuadamente el derecho a la protesta con la obligación de asegurar la prestación de un servicio público considerado esencial para la vida económica y el ejercicio de derechos de propiedad.
Críticas a la gestión y pedido de intervención al Gobierno provincial
En este clima de malestar, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires ha dado un paso más y ha reclamado formalmente la intervención del gobernador Axel Kicillof para encauzar el conflicto y restablecer el funcionamiento normal de la Dirección Provincial de Catastro Territorial.
La entidad profesional apunta tanto a la gestión de los funcionarios responsables como a la estrategia sindical adoptada, a quienes acusan de desatender los intereses de la sociedad y priorizar agendas políticas o electorales. En sus comunicados, sostienen que la ineficiencia y la falta de respuestas concretas están “congelando” una actividad económica que ya venía resentida.
Desde el sector remarcan que no cuestionan la legitimidad de los reclamos laboralespero sí los métodos y la ausencia de canales efectivos de negociación que eviten que un servicio esencial quede prácticamente interrumpido durante semanas. Consideran que, en un organismo tan estratégico para la recaudación y el ordenamiento territorial, el margen para la parálisis debería ser mínimo.
El pedido al Poder Ejecutivo provincial se centra en que se adopten medidas urgentes que garanticen la reapertura plena de Catastro y el destrabe de los expedientes acumulados. Mientras tanto, profesionales, escribanos, inmobiliarias y contribuyentes siguen a la espera de señales claras que indiquen un cambio de rumbo.
En conjunto, la situación ha puesto de relieve hasta qué punto el funcionamiento del Catastro es un eslabón imprescindible para el trabajo de ingenieros, para la dinámica del mercado inmobiliario y para la seguridad jurídica de quienes desean regularizar o desarrollar sus propiedades. La prolongación del conflicto mantiene en vilo a buena parte de la actividad económica bonaerense, pendiente de una solución que todavía no termina de concretarse.
