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En Ciudad Guayana, la justicia laboral parece haberse detenido en el tiempo, frente a la sede de la Inspectoría del Trabajo en Puerto Ordaz, el clamor de los trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco no es solo por un salario; es por la dignidad arrebatada. Tras siete años de espera, la respuesta del Estado ha sido una sola: opacidad y silencio.
Lo que los trabajadores califican como “silencio administrativo” es, en realidad, una condena a la precariedad, expedientes paralizados y una burocracia que parece diseñada para desgastar al obrero mientras la injusticia se normaliza en manos de funcionarios incompetentes y sin interés de ayudar al ferrominero.
La vulnerabilidad tiene rostros y nombres que el sistema ha intentado borrar como es el caso de Héctor Delgado quien ha representado la lucha contra un régimen que tilda de antiobrero.
Su caso es alarmante: tras años de litigio, su expediente simplemente desapareció entre Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz. “Muchos fuimos separados de nuestros cargos sin un solo procedimiento legal”, denuncia, evidenciando una cacería laboral que data del año 2015.
De igual manera, Yanrichar Rosas, Delegado de prevención cuyo caso flota en el vacío jurídico desde 2020. A pesar de los “inspectores ad hoc”, las decisiones nunca llegan. Para él, la justicia que tarda no es justicia.
Leiny Guerra: Su historia encarna la crueldad burocrática, fue despedida en 2019, mientras amamantaba, ignorando su fuero maternal. En un acto de deshumanización, la empresa le negó un adelanto de prestaciones para exámenes médicos de 300 dólares alegando falta de liquidez, mientras ella luchaba por la salud de su familia.
Una sostenida política de desamparo
Los afectados denuncian un patrón sistemático de despidos injustificados que recorre todas las empresas básicas de Guayana. No son casos aislados; es una estructura que criminaliza la protesta y protege la ineficiencia estatal.
“Somos personas trabajadoras que necesitamos nuestro trabajo para la manutención de nuestros familiares”, es el grito desesperado de quienes hoy solo piden que el Ministerio del Trabajo intervenga y detenga la agonía de cientos de padres de familia.
