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El enorme número de muertos, que fácilmente convierte a las inundaciones en el peor desastre natural que se recuerda en España, ha planteado dudas sobre cómo podría suceder esto en un país de la Unión Europea que sobresale en seguridad pública.
Mientras los rescatistas continuaban sacando cuerpos del barro y los escombros el jueves, la ira también comenzó a crecer entre las familias y amigos que lloraban a sus seres queridos perdidos y a muchos más miles cuyos medios de vida quedaron destrozados por el diluvio. Las calles estaban llenas de gente que caminaba para conseguir suministros básicos con sus autos arruinados y las calles intransitables debido al barro y los escombros.
Se critica a la Generalitat Valenciana por no enviar avisos de inundaciones a los teléfonos móviles hasta las 20.00 horas del martes, cuando las inundaciones ya habían comenzado en algunas zonas y mucho después de que la agencia meteorológica nacional emitiera una alerta roja indicando fuertes lluvias.
El presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, del conservador Partido Popular, defendió la gestión de la crisis por parte de su administración, diciendo que “todos nuestros supervisores siguieron el protocolo estándar” que fue coordinado por el gobierno central de España.
El Ministerio del Interior de España dijo en un comunicado que las administraciones regionales son responsables de enviar alertas para advertir a la población de posibles inundaciones y otros desastres naturales.
Mazón también está bajo fuego por su anuncio a las 13:00 horas del martes de que el frente de tormenta “perdería fuerza” a las 18:00 horas. Ocurrió lo contrario.
La magnitud y la violencia del fenómeno meteorológico extremo fueron impactantes y extremadamente difíciles de preparar y predecir para cualquier administración. Pero Valencia, en la costa mediterránea de España, tiene un historial de tormentas otoñales que producen inundaciones, aunque de menor magnitud que esta monstruosa tormenta.
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