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PHOENIX — Después de tres días de argumentos y con un juicio programado para el 5 de enero de 2026, la decisión de si el caso de los “electores falsos” de Arizona seguirá adelante está ahora en manos del juez Bruce Cohen.
Los acusados argumentaron durante el lunes y el martes que la acusación contra 11 personas que firmaron documentos afirmando ser electores del Colegio Electoral de Arizona en 2020, a pesar de que Joe Biden ganó el estado y Arizona certificó su victoria, y otros aliados de Donald Trump, debería ser desestimada con el argumento de que estaban ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda.
Mark Williams, abogado del ex alcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump Rudy Giuliani, se dirigió al juez el martes. Sostuvo que la acusación se había presentado para “privar a mi cliente de su derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de solicitar al gobierno una reparación política”.
“Estas cosas no son ilegales”, añadió Williams.
El miércoles, el estado defendió su caso, argumentando que los cargos que enfrentan los acusados por participar en fraude, falsificación y conspiración no estaban relacionados con su discurso o asociaciones políticas.
“La conspiración en sí no protege la libertad de expresión”, argumentó el fiscal Nicholas Klingerman. “Sí, el señor Giuliani tenía todo el derecho a celebrar una audiencia falsa en el Hilton el 30 de noviembre y a decir que miles de personas en Arizona votaron fraudulentamente en las elecciones. Pero lo que no tenía derecho a hacer era utilizar esas declaraciones con la intención de cometer un fraude, y eso es de lo que se le acusa”.
Además de los presuntos “electores falsos”, los acusados en el caso incluyen a Guiliani; el exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows; la exabogada de la campaña de Trump, Christina Bobb; los exabogados de Trump, John Eastman, Boris Epshteyn y Jenna Ellis; y el director de operaciones del día de las elecciones de Trump, Michael Roman.
Cada uno de los 18 acusados fue acusado de nueve delitos graves después de que un gran jurado de Arizona los acusara en abril. La acusación alega que los “falsos electores” utilizaron “pretensiones falsas o fraudulentas” para mantener a Trump en el cargo. También alega que todos los acusados conspiraron en un “plan” que “habría privado a los votantes de Arizona de su derecho a votar y a que se contaran sus votos”.
Dos acusados, entre ellos Ellis, han llegado a acuerdos de culpabilidad con el estado y están cooperando con la fiscalía. Sin embargo, muchos de los 16 acusados restantes solicitaron la desestimación del caso en virtud de la ley estatal “anti-SLAPP” o “demandas estratégicas contra la participación pública”. Si bien muchos estados tienen estatutos similares, diseñados para proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión de litigios abusivos, la legislatura de Arizona amplió su ley en 2022 para que se aplique tanto a casos penales como civiles.
Esa ampliación ha dado esperanzas a algunos de los acusados de Arizona. A principios de esta semana, Eastman proyectó confianza fuera del juzgado del condado de Maricopa.
“Lo que espero es que, a partir de ahora, se desestime en un plazo relativamente breve”, dijo Eastman. “Creo que la aplicación de la ley anti-SLAPP de Arizona a los procesos penales es un avance novedoso en la ley de este país, y creo que el juez Cohen entiende correctamente su importancia”.
Otros acusados argumentaron que el fiscal general Kris Mayes, un demócrata que presentó el caso, lo ha hecho únicamente con fines políticos.
“En las calles de Arizona, todo el tiempo, por todos lados… hay pegatinas en los parachoques que dicen ‘vote por Trump’, ‘vote por Trump’. Todo el mundo lo dice, y eso es algo que asusta a la señora Mayes”, dijo Williams, el abogado de Giuliani. “Es una conspiración de su parte para privar al señor Giuliani y a los demás coacusados de su derecho a presentar peticiones al gobierno”.
Después de que el tribunal concluyó el miércoles, Mayes rechazó las afirmaciones hechas por Williams y otros abogados que representan a varios acusados.
“Quiero ser claro: las acusaciones en este caso no tuvieron motivaciones políticas. Fueron el resultado de una investigación exhaustiva, prolongada y profesional llevada a cabo por agentes de la ley y fiscales experimentados y dedicados”, dijo Mayes en una declaración en video.
Mayes también abordó los argumentos anti-SLAPP del acusado.
“Este caso no tiene que ver con los derechos de los acusados amparados por la primera enmienda. Las acciones en cuestión no están protegidas por la libertad de expresión”, afirmó. “La ley traza una línea clara entre la expresión y la conducta ilegal, y creemos que las pruebas demuestran que los acusados cruzaron esa línea”.
El mandato de Mayes termina en 2027. Si el juicio no se lleva a cabo según lo programado y ella no es reelegida, es posible que otro fiscal general supervise —o incluso ponga fin— al proceso.
Klingerman, el fiscal que representa al estado, también desestimó la idea de que el caso de los “electores falsos” tenga motivaciones políticas al presentar sus argumentos el miércoles.
“¿Cómo puede decirse que esto es ilegítimo cuando un gran jurado independiente emitió la acusación?”, preguntó Klingerman.
La audiencia, que originalmente estaba prevista para durar solo un día, se prolongó durante tres días después de que al menos una docena de acusados solicitaran que se desestimara el caso. El prolongado proceso hizo que más acusados y abogados asistieran a las audiencias de forma virtual a medida que pasaban los días, lo que provocó interrupciones.
El martes, el abogado de Bobb, Thomas Jacobs, encendió su cámara para revelar que estaba asistiendo virtualmente desde su bote. El miércoles, uno de los asistentes virtuales activó por error el micrófono mientras compraba semillas para pájaros.
Después de que Klingerman ofreciera la refutación de la fiscalía, argumentando que el caso no debería ser desestimado, Cohen dio a los acusados hasta el 6 de septiembre para presentar un documento de cinco páginas para responder al argumento de la fiscalía.
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