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Los legisladores peruanos comenzaron el jueves otro esfuerzo para destituir a la presidenta Dina Boluarte de su cargo mientras las autoridades continúan varias investigaciones contra ella y su círculo íntimo.
La pequeña oposición legislativa adujo la “incapacidad moral” como motivo de la solicitud de destitución que presentaron al Parlamento. Boluarte ya ha sobrevivido a cuatro intentos de acortar su mandato gracias a una coalición de legisladores conservadores que la apoyaron y evitaron que las medidas obtuvieran los votos necesarios para avanzar.
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La diputada Susel Paredes explicó en X que el grupo opositor presentó la solicitud debido a “los nuevos hechos graves” que presuntamente cometió Boluarte, los cuales “son incompatibles con seguir al frente del país”. El anuncio de Paredes se produjo menos de una semana después de que los fiscales abrieran una investigación sobre la decisión del gobierno de Boluarte de disolver una unidad policial que estaba investigando las actividades de su círculo íntimo, incluido uno de sus hermanos.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla con la prensa al final de la Cumbre del Amazonas en Belem, Brasil, el 8 de agosto de 2023. (Foto AP/Eraldo Pérez)
El esfuerzo de los legisladores es el último paso en la creciente presión sobre Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, cuando reemplazó al entonces presidente Pedro Castillo. Fue destituido por el Parlamento y ahora se encuentra encarcelado mientras es investigado por presunta corrupción y rebelión.
Boluarte está bajo investigación por el uso de tres relojes de lujo y joyería fina que no incluyó en un formulario obligatorio de declaración de activos y que las autoridades estiman que podrían valer más de 500.000 dólares. A finales de marzo, agentes de policía armados derribaron la puerta principal de la casa de Boluarte con un ariete y entraron a la propiedad para buscar los relojes.
La redada marcó la primera vez en la historia de Perú que la policía entró por la fuerza en la casa de un presidente en ejercicio. Días después, los legisladores presentaron la cuarta solicitud para destituir a Boluarte de su cargo.
La medida debe obtener 52 votos para que el Parlamento la acepte y abra un debate. Para destituir a Boluarte, la medida requiere 87 votos del Parlamento unicameral de 130 escaños.
Boluarte, un abogado de 61 años, fue un modesto funcionario distrital antes de ingresar al gobierno del entonces presidente Pedro Castillo con un salario mensual de 8.136 dólares en julio de 2021. Boluarte asumió posteriormente la presidencia con un salario inferior de 4.200 dólares mensuales. Poco después empezó a exponer relojes de lujo.
A fines de la semana pasada, las autoridades arrestaron a uno de los hermanos de Boluarte y a su abogado en relación con una investigación sobre tráfico de influencias. El documento acusa al hermano del presidente, Nicanor Boluarte, de trabajar para nombrar funcionarios del gobierno a cambio de dinero y un acuerdo para recolectar firmas para registrar un partido político.
Mientras tanto, las autoridades acusan al abogado Mateo Castañeda de interferir con la investigación sobre Nicanor Boluarte al ofrecer ciertos beneficios a miembros de la unidad policial ahora disuelta, que se centraba en investigaciones fiscales.
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Un juez accedió a la petición de los fiscales de mantener a ambos hombres incomunicados durante 10 días, lo que significa que no podrán comunicarse con nadie, una maniobra legal que las autoridades suelen reservar para casos que consideran muy graves.
Nicanor Boluarte dijo que es “inocente” cuando salió de su casa esposado después de su arresto la semana pasada, mientras que Castañeda, en una carta escrita a mano compartida en las redes sociales por su bufete de abogados, también negó haber actuado mal.
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