El nuevo gobierno laborista del Reino Unido anunció que los presos que hayan cumplido el 40% de su condena podrían ser liberados como una forma de combatir el hacinamiento en las instalaciones de todo el país.
“Los culpables del último gobierno dejaron nuestras prisiones al borde del colapso”, escribió la secretaria de Estado de Justicia británica, Shabana Mahmood, en la plataforma de redes sociales X. “Pusieron sus intereses políticos por delante del país y nos dejaron frente a un colapso total de la ley y el orden”.
“Hoy he expuesto medidas de emergencia que frenarán la crisis carcelaria”, insistió.
Mahmoud explicó en un comunicado de prensa que “solo quedan cientos de plazas” en las cárceles de hombres adultos y que las cárceles del Reino Unido han funcionado a “más del 99% de su capacidad desde principios de 2023”, y se espera que el espacio esté completamente ocupado en unas semanas.
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Para combatir el problema, Mahmoud autorizó un cambio en las medidas de liberación anticipada, reduciendo las penas de prisión cumplidas en prisión del 50% al 40%, pero subrayando que la política incluiría “salvaguardias y exenciones importantes” para mantener la seguridad pública.
La política entrará en vigor en septiembre e incluirá “publicaciones periódicas de liberaciones conforme a los cambios en las sentencias determinadas estándar”.
El Reino Unido a menudo libera a criminales por ciertos tipos de delitos “bajo licencia” -el equivalente a liberar a un prisionero en libertad condicional- con condiciones que incluyen contacto regular con un oficial supervisor, informar todas las direcciones y movimientos al tribunal, recibir aprobación para cualquier trabajo y una prohibición de viajar fuera del Reino Unido.
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El Ministerio de Justicia afirmó en el comunicado de prensa que la nueva política daría lugar a que más de 10.000 delincuentes fueran liberados anticipadamente, lo que representaría alrededor del 11% de todas las camas: el New York Times citó una cifra de poco menos de 89.000 habitantes en total antes de que las cárceles del Reino Unido alcanzaran su máxima “capacidad operativa”.
ABC News informó que, si no se hacen cambios, la población carcelaria total, con las políticas anteriores, podría llegar a 99.000 personas a finales del año próximo. Mahmood ha advertido de que el exceso de población obligaría a las comisarías locales a utilizar sus celdas, lo que provocaría un efecto dominó que, según afirma, provocaría el colapso del sistema judicial.
La nueva política no se aplicará a ningún convicto de delitos sexuales o delitos relacionados con abuso doméstico, incluidos delitos de acecho, conductas controladoras o coercitivas en una relación íntima o familiar, estrangulamiento y asfixia no fatales y cualquier convicto que haya violado órdenes de restricción y órdenes de protección contra abuso.
La política anterior establecía que cualquier persona condenada a cadena perpetua y puesta en libertad condicional debía permanecer en esas condiciones de libertad condicional por el resto de su vida.
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Las familias de las víctimas ya han expresado su indignación por el plan y han planteado preocupaciones de que si las prisiones ya existentes no pueden manejar tal población, entonces las estructuras de supervisión externa igualmente se verán abrumadas con una afluencia de nuevos presos en libertad condicional que manejar.
“Si el sistema no puede lidiar con esas personas que son liberadas en la comunidad, entonces esas personas no van a ser supervisadas adecuadamente”, dijo Farah Naz, tía de la víctima de asesinato Zara Aleena, a BBC Breakfast, citando problemas de falta de fondos en el servicio de libertad condicional.
“Cuando las personas, los perpetradores, incluso los ladrones, no están adecuadamente supervisados, la delincuencia puede aumentar. No siempre aumenta, pero puede hacerlo”, añadió Naz.
El asesino de Olivia Pratt-Korbel, de nueve años, en 2022 fue un hombre que había sido liberado de prisión bajo licencia, según The Independent.
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Según el Consejo de Sentencias, cualquier persona condenada por asesinato recibe automáticamente una sentencia de cadena perpetua, pero a los efectos de la licencia tendrá una sentencia determinada de un promedio de 20 años por homicidio involuntario, por ejemplo. Sin embargo, el nuevo plan buscaría extender esos períodos, lo que dificultaría que los delincuentes por delitos violentos obtengan la libertad condicional.
Cualquier persona liberada a través del nuevo plan será monitoreada a través de medidas que pueden incluir etiquetado electrónico y toques de queda, lo que indica un esfuerzo por tomar medidas más duras con aquellos que califican para la liberación anticipada.
“Ahora sólo hay una manera de evitar el desastre”, afirmó Mahmoud. “No elijo hacerlo porque quiera… pero estamos tomando todas las medidas de protección a nuestra disposición… Permítanme ser claro: se trata de una medida de emergencia”.
Mahmoud agregó que la política es temporal y subrayó su convicción “sin complejos” de que “los criminales deben ser castigados”.
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El Ministerio de Justicia buscará sumar 1.000 oficiales de libertad condicional en formación adicionales para marzo de 2025 y se ha comprometido a lograr una mayor transparencia con el público en cuestiones de sentencias.
El nuevo secretario de prisiones, James Timpson, director ejecutivo de la empresa de corte de llaves y reparación de calzado Timpsons, ha pedido una reforma penitenciaria que tendría como objetivo reducir el encarcelamiento y reorientar el desarrollo hacia programas de rehabilitación que incluyan formación, educación o terapia, informó la BBC.
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