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WASHINGTON – La Corte Suprema dictaminó el jueves que la Asociación Nacional del Rifle puede presentar un reclamo de que los esfuerzos de un funcionario del estado de Nueva York para alentar a las empresas a poner fin a sus vínculos con el grupo de derechos de armas constituían coerción ilegal.
Los jueces determinaron unánimemente que la NRA puede avanzar con argumentos de que sus derechos de libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución fueron violados por las acciones de María Vullo, la entonces superintendente del Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York.
El caso fue uno de los dos ante los jueces sobre presunta coerción gubernamental de entidades privadas. El otro, aún por decidir, involucra afirmaciones de que la administración Biden presionó ilegalmente a las empresas de redes sociales cuando las instó a eliminar cierto contenido.
“Los funcionarios del gobierno no pueden intentar coaccionar a los privados para castigar o suprimir opiniones que el gobierno desaprueba”, escribió la jueza liberal Sonia Sotomayor en nombre del tribunal en el fallo del jueves. La NRA, añadió, alega plausiblemente que Vullo “hizo precisamente eso”.
La NRA apeló un fallo de 2022 del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos con sede en Nueva York, que dijo que las acciones de Vullo no constituían una conducta ilegal, lo que significa que el reclamo de libertad de expresión debería ser desestimado.
En una demanda de 2018, el grupo de derechos de armas se centró en una investigación realizada por la oficina de Vullo sobre las compañías de seguros con las que la NRA había trabajado para brindar cobertura a sus miembros. El grupo armado tiene su sede en Virginia pero se incorporó en Nueva York.
Además, tras el tiroteo en una escuela de 2018 en Parkland, Florida, en el que murieron 17 personas, Vullo instó a las compañías de seguros y a los bancos a reconsiderar cualquier relación que tuvieran con grupos afiliados a los derechos de las armas.
Los abogados de Vullo argumentaron que estaba bien establecido que un funcionario gubernamental en su posición podría alentar a las entidades a considerar riesgos para su reputación.
Sotomayor escribió en el fallo del jueves que nada en la decisión otorga inmunidad a los grupos defensores de las investigaciones del gobierno o “impide que los funcionarios del gobierno condenen enérgicamente puntos de vista con los que no están de acuerdo”.
En el caso, la NRA obtuvo asistencia legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que generalmente respalda causas de izquierda. La ACLU dijo que su decisión de representar al grupo defensor de los derechos de las armas “refleja la importancia de los principios de la Primera Enmienda que están en juego en este caso”.
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