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WASHINGTON — La Corte Suprema revocó el viernes un precedente de 40 años de antigüedad que ha sido blanco de la derecha porque se considera que refuerza el poder de los burócratas del “estado profundo”.
En un fallo que implicaba una impugnación de una regulación pesquera, el tribunal relegó a la historia un fallo de 1984 llamado Chevron contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
Es el último de una serie de fallos en los que los jueces conservadores han apuntado al poder de las agencias federales. El fallo fue 6-3 con los jueces conservadores en mayoría y los jueces liberales en desacuerdo.
“La decisión de Chevron ha sido revocada”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en la opinión mayoritaria. “Los tribunales deben ejercer su criterio independiente al decidir si una agencia ha actuado dentro de su autoridad legal”.
La jueza liberal Elena Kagan escribió en desacuerdo que “un precedente de larga data en el centro de la gobernanza administrativa es víctima de una afirmación descarada de la autoridad judicial”.
En el momento en que se decidió, Chevron fue una victoria para los esfuerzos desreguladores de la administración Reagan, ya que el tribunal dictaminó que los jueces deberían dejar en manos de las agencias federales la interpretación de la ley cuando el lenguaje de una ley es ambiguo. En un principio, eso se consideró un beneficio para los funcionarios republicanos de la administración que querían que las regulaciones fueran menos onerosas para las empresas.
En la práctica, el fallo significó que tanto los presidentes demócratas como republicanos podían aprovechar la flexibilidad que otorgaba a las agencias para implementar nuevas regulaciones sobre una amplia variedad de temas.
Pero con el paso de los años Chevron ha sido cada vez más criticada por la derecha debido a la afirmación de que otorga demasiado poder a los burócratas de la agencia para interpretar la ley.
Grupos de izquierda, incluidos activistas ambientales, han defendido a Chevron, en parte porque les da margen para abordar cuestiones como el cambio climático.
La cuestión subyacente ante los jueces se refería a una regulación federal que requeriría que los operadores de buques pesqueros ayudaran a financiar el costo de la recopilación de datos que ayudarían con la conservación y gestión de la pesca.
Los operadores de buques pesqueros activos en la pesquería de arenque frente a la costa atlántica impugnaron la regla de 2020 que se aplica a las pesquerías de Nueva Inglaterra. En ambos casos, los tribunales inferiores fallaron a favor del gobierno federal.
Los demandantes argumentaron que el Servicio Nacional de Pesca Marina, el organismo federal que supervisa los recursos oceánicos, no tenía autoridad para emitir la regulación bajo la Ley de Conservación y Gestión Pesquera Magnuson-Stevens de 1976.
La norma implementó un programa de monitoreo que los operadores de los buques deben financiar. Los demandantes dijeron que los operadores tendrían que pagar hasta 710 dólares por día en ciertos momentos para que observadores independientes aborden sus buques y monitoreen las operaciones. El costo sería oneroso para los pequeños propietarios-operadores, dijeron los demandantes.
La disputa pesquera es una de varias en el actual período judicial en el que los jueces están considerando ataques al poder de las agencias federales liderados por intereses comerciales y el movimiento legal conservador.
La administración Trump había abrazado la guerra contra el poder de las agencias del “estado profundo”, seleccionando candidatos judiciales en parte basándose en su hostilidad hacia la burocracia federal. La mayoría conservadora de la Corte Suprema incluye tres personas designadas por Trump: Gorsuch, Kavanaugh y Barrett.
La Corte Suprema ya ha abordado la cuestión del ejercicio de un amplio poder por parte de las agencias sin instrucciones claras del Congreso desde otro ángulo en fallos recientes que anularon el plan de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles federales del presidente Joe Biden, bloquearon su requisito de vacunación o prueba de Covid para empresas más grandes y frenaron la autoridad de la EPA para limitar las emisiones de carbono de las centrales eléctricas.
Esos casos no se basaron en el análisis de Chevron, sino que simplemente dijeron que en cuestiones de amplio impacto nacional, es necesario que haya una autorización explícita del Congreso, un enfoque conocido como la “doctrina de las cuestiones importantes”.
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