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La Asamblea Nacional de Venezuela aprob\u00f3 una ley de amnist\u00eda en medio de los cambios pol\u00edticos, econ\u00f3micos y sociales que el pa\u00eds ha estado experimentando tras la destituci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro por parte de Estados Unidos. El 5 de febrero tuvo lugar el primer debate sobre el proyecto de ley de amnist\u00eda, y tras dos semanas de consultas fue aprobado por unanimidad el 19 de febrero. Si bien la ley incluye cambios significativos respecto a la versi\u00f3n aprobada en la primera etapa, todav\u00eda contiene lagunas que imposibilitan hablar de una genuina reconciliaci\u00f3n.<\/p>\n
A lo largo de todo el proceso, la narrativa del oficialismo ha sido que el chavismo \u201cperdona\u201d a quienes cometieron delitos, en lugar de reconocer que el sistema judicial actu\u00f3 de manera sesgada, arbitraria y contraria a la ley. Es importante resaltar esto porque las leyes de amnist\u00eda surgen como mecanismos especiales de justicia a trav\u00e9s de los cuales el Estado reconoce su uso parcial del sistema de justicia, especialmente en contextos pol\u00edticos.<\/p>\n
Esta ley de amnist\u00eda recientemente aprobada no puede percibirse como un signo de reconciliaci\u00f3n. Al contrario, parece ser un mecanismo que permite a los hermanos Rodr\u00edguez gestionar la liberaci\u00f3n de presos sin reconocer la responsabilidad del Estado por m\u00e1s de dos d\u00e9cadas de persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos ver los procesos de consulta \u2013impulsados \u200b\u200bdesde dentro de las estructuras del poder chavista\u2013 como espacios donde sectores de la sociedad civil y organizaciones c\u00edvicas alzaron sus voces y, de una forma u otra, lograron ser \u201cescuchados\u201d y \u201ctomados en cuenta\u201d en cierta medida.<\/p>\n
Para \u201cperdonar\u201d a los prisioneros, la presidencia ya tiene la autoridad de decretar indultos bajo el art\u00edculo 236 de la Constituci\u00f3n venezolana. Si el Poder Ejecutivo ya puede ordenar excarcelaciones, \u00bfqu\u00e9 funci\u00f3n cumple realmente esta ley?<\/p>\n
La respuesta a esa pregunta revela la insuficiencia estructural de la ley aprobada. No establece mecanismos de reparaci\u00f3n y contin\u00faa excluyendo a cientos de personas que han sido perseguidas. En esencia, la ley no corrige la injusticia. Simplemente intenta disfrazar de legalidad la manera discrecional en que el poder ha ejercido la persecuci\u00f3n. Se sigue la misma l\u00f3gica que se viene utilizando desde hace a\u00f1os con los indultos (el \u00faltimo de ellos en la Navidad de 2025, d\u00edas antes de la intervenci\u00f3n militar estadounidense) que se presentan como gestos destinados a proyectar una imagen de \u201cbuena voluntad\u201d del Estado evitando cualquier reconocimiento del da\u00f1o causado.<\/p>\n
Desde el principio esper\u00e1bamos una ley imperfecta que al menos tuviera margen de mejora. En ese sentido, la ley introdujo cambios importantes respecto al proyecto aprobado en primer debate, como brindar representaci\u00f3n legal a quienes se encuentran en el exterior. Tambi\u00e9n revis\u00f3 la lista de delitos excluidos, reduci\u00e9ndola al delito de corrupci\u00f3n (anteriormente denominado \u201cdelitos contra el patrimonio p\u00fablico\u201d), incorpor\u00f3 la posibilidad de apelar contra decisiones judiciales sobre amnist\u00eda y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n a organismos extranjeros para levantar alertas internacionales u \u00f3rdenes de detenci\u00f3n. Incluso se puede decir que ampli\u00f3 el alcance de los actos amnistiables. Sin embargo, tambi\u00e9n cometi\u00f3 omisiones importantes.<\/p>\n
\nEl estatuto podr\u00eda modificarse para crear una comisi\u00f3n totalmente independiente de los \u00f3rganos estatales, compuesta por representantes de la sociedad civil, familiares de las v\u00edctimas y expertos capaces de tomar decisiones vinculantes.<\/p>\n<\/blockquote>\n
La ley debe incluir a todas las personas perseguidas. No puede haber distinciones ni exclusiones, porque la persecuci\u00f3n misma no hizo tales distinciones. Por esta raz\u00f3n, cualquier mejora significativa de la ley actual debe comenzar por eliminar la exclusi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 9 relativa a \u201clas personas que sean o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberan\u00eda y la integridad territorial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, en nombre de Estados, empresas o personas f\u00edsicas extranjeras\u201d. Si el delito de rebeli\u00f3n se define generalmente como un levantamiento contra la autoridad, entonces se trata de un acto pol\u00edtico como cualquiera de los otros delitos amnistables.<\/p>\n
El reconocimiento, la inclusi\u00f3n y la no discriminaci\u00f3n deben ser los est\u00e1ndares m\u00ednimos para cualquier amnist\u00eda que busque ser considerada un paso adelante en la b\u00fasqueda de la justicia.<\/p>\n
Falta de supervisi\u00f3n externa<\/strong><\/h3>\n
En contextos de justicia transicional, los marcos internacionales son claros en su evaluaci\u00f3n de las amnist\u00edas: no pueden dejarse en manos de las mismas instituciones que participaron en la persecuci\u00f3n. La ley aprobada establece que la verificaci\u00f3n de los casos amnistables corresponde a los tribunales y al Ministerio P\u00fablico, cuyo m\u00e1ximo funcionario afirm\u00f3 en noviembre de 2024 que en Venezuela no hab\u00eda presos pol\u00edticos (ni menores de edad encarcelados injustamente), s\u00f3lo personas que cometieron delitos y fueron procesados \u200b\u200bconforme a la ley. Esto pone de relieve un problema tan obvio como grave: esta ley de amnist\u00eda no puede, por s\u00ed sola, corregir a los propios \u00f3rganos responsables de violaciones de derechos humanos.<\/p>\n
El texto final incorpora un \u00f3rgano asesor para monitorear la implementaci\u00f3n de la ley, una de las recomendaciones hechas por los expertos que colaboraron con la Comisi\u00f3n de Pol\u00edtica Interior. Este organismo toma la forma de una Comisi\u00f3n Especial de la Asamblea Nacional compuesta por figuras directamente vinculadas al aparato de control y coerci\u00f3n del Estado, entre ellos Nicol\u00e1s Maduro Guerra e Iris Varela, ex Ministra de Prisiones.<\/p>\n
Para garantizar la imparcialidad y la credibilidad, la supervisi\u00f3n de la implementaci\u00f3n de la ley deber\u00eda recaer en un organismo independiente. Dado que Venezuela carece de una verdadera separaci\u00f3n de poderes, el estatuto podr\u00eda modificarse para crear una comisi\u00f3n totalmente independiente de las instituciones del Estado, compuesta por representantes de la sociedad civil, familiares de las v\u00edctimas y expertos en derechos humanos y justicia transicional, con poderes para revisar expedientes de casos, solicitar informaci\u00f3n y tomar decisiones vinculantes. En otras palabras, los especialistas t\u00e9cnicos deben poder supervisar eficazmente la aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n
Memoria y no repetici\u00f3n<\/strong><\/h3>\n
Si aspiramos a que la ley de amnist\u00eda contribuya al proceso de reconciliaci\u00f3n de Venezuela, esta no puede limitarse a liberar a personas. La ley debe reparar el da\u00f1o causado y garantizar que la persecuci\u00f3n no se repita.<\/p>\n
El art\u00edculo 14 mantiene la eliminaci\u00f3n de antecedentes penales de los beneficiarios. Esta disposici\u00f3n, lejos de promover la reconciliaci\u00f3n, puede borrar las pruebas necesarias para reconstruir patrones de persecuci\u00f3n. Preservar la documentaci\u00f3n es una piedra angular de la justicia transicional. Una amnist\u00eda que borre archivos corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de impunidad. As\u00ed, si bien es cierto que los casos deben extinguirse, los expedientes deben conservarse y ponerse a disposici\u00f3n para que la Comisi\u00f3n encargada de verificar la amnist\u00eda pueda confirmar que las v\u00edctimas han sido reparadas.<\/p>\n
\nLa discusi\u00f3n ya no es sobre si hubo persecuci\u00f3n, sino sobre c\u00f3mo se reparar\u00e1 y qu\u00e9 mecanismos independientes se necesitan para revisar cada caso.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Adem\u00e1s, la ley no prescribe ning\u00fan mecanismo de reparaci\u00f3n. Pero todo esto depende de que el Estado reconozca a sus v\u00edctimas, restablezca sus derechos, proporcione reparaciones tanto simb\u00f3licas como materiales y adopte reformas institucionales que sirvan como salvaguardas para evitar que el sistema de justicia vuelva a ser utilizado de manera partidista.<\/p>\n
Un elemento eliminado del proyecto aprobado en primer debate fue la extinci\u00f3n de las acciones administrativas. Si bien esto puede parecer menor, en el contexto venezolano es vital. La amnist\u00eda no deber\u00eda aplicarse \u00fanicamente a los casos penales. En Venezuela, los mecanismos administrativos, como las prohibiciones pol\u00edticas a figuras de la oposici\u00f3n, se han utilizado de manera arbitraria y constante.<\/p>\n
Sin estos elementos, la amnist\u00eda corre el riesgo de convertirse en un borr\u00f3n y cuenta nueva en lugar de un compromiso con la verdad, la justicia y la no repetici\u00f3n.<\/p>\n
Se\u00f1ales pol\u00edticas<\/strong><\/h3>\n
Estados Unidos no ha emitido una declaraci\u00f3n sobre la ley aprobada. Los representantes de la administraci\u00f3n Trump, incluido el propio presidente, han insistido principalmente en la liberaci\u00f3n de los presos pol\u00edticos y el regreso seguro de los exiliados. Veremos si hay un pronunciamiento (que, a mi entender, vendr\u00e1 y equivaldr\u00e1 a una \u201cluz verde\u201d) y si esta ley se encuadra dentro de los pasos anunciados por Washington para evaluar la conducta de los responsables del gobierno venezolano.<\/p>\n
Luego de que la ley fue aprobada en la c\u00e1mara, los legisladores la presentaron inmediatamente al Ejecutivo. Delcy Rodr\u00edguez lo firm\u00f3 p\u00fablicamente y, en su discurso, llam\u00f3 a acelerar la evaluaci\u00f3n de los casos que no se ajustan a la ley. Ese llamado puede tomar varios caminos: dictar condenas firmes, otorgar indultos o decretar despidos. La diferencia entre los tres es enorme. El primero significar\u00eda olvidar por completo a quienes no son amnistiables y mantenerlos encarcelados; el segundo equivaldr\u00eda a un simple perd\u00f3n, sin reconocer la injusticia; y el tercero ser\u00eda admitir que no hay pruebas suficientes para proceder.<\/p>\n
Tambi\u00e9n son importantes destacar las declaraciones de Jorge Rodr\u00edguez: reconoci\u00f3 p\u00fablicamente la injusta aplicaci\u00f3n de la Ley AntiOdio y la posibilidad de reformarla. Tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que hay m\u00e1s de 11.000 casos vinculados a persecuci\u00f3n pol\u00edtica. Ese reconocimiento, aunque no vino acompa\u00f1ado de una admisi\u00f3n de responsabilidad, desmantela la narrativa de que se trata de incidentes \u201caislados\u201d o de que la amnist\u00eda se refiere s\u00f3lo a \u201ccasos individuales\u201d. Ya sea que se trate de un gesto de \u201cdemocratizaci\u00f3n\u201d o simplemente del resultado de la supervisi\u00f3n internacional que ahora condiciona al gobierno, admitir la magnitud de la persecuci\u00f3n crea una grieta en el discurso oficial. Una grieta que la sociedad civil y la oposici\u00f3n deben aprovechar.<\/p>\n
Cuando hablamos de reconciliaci\u00f3n y pacificaci\u00f3n en Venezuela queremos decir que es el Estado el que debe dejar de ser un actor violento. Hoy, con una ley de amnist\u00eda insuficiente, no podemos hablar de tal reconciliaci\u00f3n. Pero considerando estas se\u00f1ales, la discusi\u00f3n ya no es sobre si hubo persecuci\u00f3n, sino sobre c\u00f3mo se reparar\u00e1 y qu\u00e9 mecanismos independientes se necesitan para revisar cada caso.<\/p>\n
Venezuela necesita una reconciliaci\u00f3n real. Y esa reconciliaci\u00f3n s\u00f3lo es posible si el Estado reconoce que utiliz\u00f3 sistem\u00e1ticamente el sistema de justicia para perseguir a quienes piensan diferente. La ley aprobada es insuficiente, pero puede arrojar resultados parciales. Por eso es importante que la sociedad civil est\u00e9 presente en cada foro p\u00fablico para exigir verdad, reparaci\u00f3n y revisi\u00f3n de los expedientes. Cuantas m\u00e1s contradicciones induzcan esas intervenciones entre facciones poderosas, mayor ser\u00e1 la presi\u00f3n para tomar decisiones que no se tomar\u00edan voluntariamente. Esta ley de amnist\u00eda no resuelve la persecuci\u00f3n, pero s\u00ed crea un espacio para la persistencia, la supervisi\u00f3n y la coordinaci\u00f3n de la sociedad civil que puede impulsar un cambio real. A medida que avanza la transici\u00f3n y cambia el panorama pol\u00edtico, la ley de amnist\u00eda puede ajustarse, ampliarse y corregirse. Su promulgaci\u00f3n no es un punto final. Es un punto de partida que puede evolucionar.<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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