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El Tribunal Supremo ha frenado, por el momento, el intento de tumbar la modificaci\u00f3n del decreto de creaci\u00f3n y reconocimiento de universidades (octubre de 2025) que pretenden varias instituciones acad\u00e9micas y los gobiernos de Madrid, Arag\u00f3n y Extremadura. En dos autos, fechados el 27 de enero y a los que ha tenido acceso EL PA\u00cdS, la sala tercera rechaza tomar medidas cautelares, mientras llega la sentencia firme, contra importantes partes del llamado decreto anti-chiringuitos<\/i>qu\u00e9 acord\u00f3 el Gobierno, como reclamaban la Universidad Hesp\u00e9rides, canaria y a distancia, y cuatro universidades extranjeras con sede en Espa\u00f1a: las estadounidenses CIS, Schiller y Saint Louis, y la guatemalteca Francisco Marroqu\u00edn. El tribunal sostiene que no hay \u201cun grave perjuicio para el inter\u00e9s p\u00fablico\u201d que les impulse a actuar antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. <\/p>\n
El Gobierno ha frenado con el decreto que las universidades privadas puedan solicitar de forma ilimitada nuevas titulaciones (para aumentar las opciones de que alguna se valide), como hacen ahora, y tambi\u00e9n que puedan modificar sustancialmente las ya autorizadas. Y, para ello, la norma dicta que los campus no pueden pedir \u201cun n\u00famero de verificaciones de nuevas titulaciones oficiales o de la modificaci\u00f3n sustancial de las mismas superior a una quinta parte del n\u00famero de titulaciones de grado y del m\u00e1ster universitario con las que cuentan\u201d.<\/p>\n
Si el fallo a una verificaci\u00f3n de t\u00edtulo es desfavorable, la instituci\u00f3n no puede volver a pedir su autorizaci\u00f3n en un a\u00f1o. Hesp\u00e9rides considera que esta disposici\u00f3n no solo no mejora la calidad, sino que la inmoviliza, ya que sustituye la calidad precedente por \u201cuna l\u00f3gica burocr\u00e1tica de cupos\u201d.<\/p>\n
Tras la modificaci\u00f3n del decreto, adem\u00e1s, si una universidad con menos de cinco a\u00f1os de actividad quiere incluir m\u00e1s titulaciones oficiales de las que aparec\u00edan en su memoria, necesita la autorizaci\u00f3n de su comunidad aut\u00f3noma o los informes del Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades y de la Conferencia General de Pol\u00edtica Universitaria (CGPU) en el caso de centros \u201cde especiales caracter\u00edsticas\u201d (a distancia y en castellano, como Hesp\u00e9rides). Tampoco decae ese art\u00edculo como quer\u00eda la demandante. <\/p>\n
El centro canario sostiene que esta autorizaci\u00f3n circunscrita a las universidades de reciente actividad limita su capacidad para competir con las universidades m\u00e1s antiguas. Hesp\u00e9rides fue aprobada por el parlamento canario en 2019, pese a un informe contrario redactado por el ministerio y emitido por la Conferencia de Pol\u00edtica Universitaria. <\/p>\n
El Supremo tampoco derriba la obligaci\u00f3n de que las universidades con sede social en Espa\u00f1a y con docencia exclusiva o mayoritaria en l\u00ednea <\/i>tengan que garantizar en su memoria \u201cque por lo menos el 75% del personal docente e investigador resida en Espa\u00f1a o en la UE\u201d. De esta forma, el Gobierno pretende asegurarse que el profesorado tiene los est\u00e1ndares del sistema universitario espa\u00f1ol.<\/p>\n
Seg\u00fan los datos del ministerio, en el curso 2023\/2024, su primer a\u00f1o en marcha, hab\u00eda contabilizados 37 trabajadores PDI (Personal Docente Investigador) en Hesp\u00e9rides: 28 eran espa\u00f1oles, siete latinos y de otros dos extranjeros no constaba en el registro su procedencia. Es decir, cumpl\u00edan por la m\u00ednima con el 75% exigido. La universidad argumenta en su recurso que, si no se suspende el precepto, van a tener que renunciar a contratar profesores de prestigio y calidad de fuera o anular sus contratos.<\/p>\n
Tras cambiarse el decreto, a los seis a\u00f1os, las universidades tienen que demostrar que superan los 4.500 inscritos. En el curso 2023\/2024, hab\u00eda matriculados en la Hesp\u00e9rides, 98 alumnos en grado y 34 en m\u00e1ster, seg\u00fan la estad\u00edstica del ministerio. No hay datos del curso pasado. La Sala tampoco echa por tierra esta cifra.<\/p>\n
Respecto al tama\u00f1o, Hesp\u00e9rides arguye que \u201clas universidades peque\u00f1as de calidad se ver\u00e1n obligadas a iniciar un proceso de cambio cualitativo tendente a ganar tama\u00f1o, el cual ser\u00e1 irreversible, con lo que el inter\u00e9s general indudablemente concurrente en la coexistencia de tipos distintos de universidades\u201d. El Gobierno pretende con esta medida garantizar que hay suficiente masa cr\u00edtica para hacer ciencia y transferencia de conocimiento. <\/p>\n
El Supremo reprocha a Hesp\u00e9rides que no haya aportado documentaci\u00f3n que afiance su argumentaci\u00f3n sobre el n\u00famero m\u00ednimo de 4.500 alumnos: \u201cAl menos debi\u00f3 acreditarse, para que la Sala pudiera valorar la irreversibilidad alegada, la fecha de inicio de actividades, el n\u00famero inicial de alumnos y la proyecci\u00f3n de crecimiento recogida tanto en su memoria de verificaci\u00f3n como en cualquier otro documento posterior\u201d. La sala impone a Hesp\u00e9rides a las costas procesales hasta un m\u00e1ximo de 500 euros. <\/p>\n
La misma pena dicta la Sala para el recurso de las cuatro universidades americanas, que pretend\u00edan paralizar dos art\u00edculos de mucho menos calado que los de Hesp\u00e9rides. Estas instituciones de titularidad extranjera sostienen que en seis meses no hay tiempo para constituir el sistema interno de garant\u00eda de calidad (ni se necesita) y, simult\u00e1neamente, solicitar la certificaci\u00f3n del dise\u00f1o por parte de la agencia de calidad. A los dos a\u00f1os, la comunidad aut\u00f3noma tiene que certificar que se ha puesto en marcha. A su juicio, \u201cla calidad de los centros extranjeros est\u00e1 garantizada\u201d pues ya han pasado cribas previas. En su caso, los cuatro est\u00e1n en el registro oficial del ministerio (RUCT), en el que faltan m\u00e1s de la mitad de los extranjeros, tras pasar un informe auton\u00f3mico.<\/p>\n
Estos centros consideran, seg\u00fan el relato de la Sala, que \u201caplicar estos controles generar\u00eda efectos irreversibles o, cuando menos, de dif\u00edcil o costosa reversibilidad, en la medida en que implicar\u00edan la introducci\u00f3n de cambios sustanciales en los procesos de funcionamiento de los centros, la incorporaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites y mecanismos de control\u201d. El tribunal considera que no es necesario dejar en suspenso el decreto y se\u00f1ala que lo pertinente es esperar hasta que se pronuncie sobre el asunto en una sentencia firme. <\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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