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La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirti\u00f3 que los defensores de derechos humanos de Venezuela y la regi\u00f3n operan en un ambiente hostil, con violencia y obst\u00e1culos que muestran un agravamiento de la criminalizaci\u00f3n y la represi\u00f3n en el pa\u00eds usando la figura de \u201cterrorismo\u201d.<\/p>\n
En su Informe sobre la situaci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos en las Am\u00e9ricas<\/em>la CIDH observ\u00f3 en varios estados de la regi\u00f3n el uso del sistema punitivo para obstruir la defensa de causas sociales se volvi\u00f3 una pr\u00e1ctica recurrente.<\/p>\n En el caso de Venezuela, seg\u00fan la CIDH, este patr\u00f3n es especialmente sistem\u00e1tico. El ejercicio de la defensa de DD HH se desarrolla en un espacio c\u00edvico cada vez m\u00e1s reducido, enfrentando amenazas latentes de marcos legales que buscan limitar su trabajo.<\/p>\n \u25cf<\/mark><\/strong> Estrategia de persecuci\u00f3n judicial. <\/strong>El patr\u00f3n de criminalizaci\u00f3n y represi\u00f3n en Venezuela alcanz\u00f3 niveles \u201cpreocupantes\u201d mediante la aplicaci\u00f3n de figuras penales ambiguas, especialmente el delito de terrorismo. La comisi\u00f3n conoci\u00f3, por ejemplo, el caso de Roc\u00edo San Miguel, defensora detenida en febrero de 2024 y presentada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas. A ella la acusaron de \u201ctraici\u00f3n a la patria, conspiraci\u00f3n y terrorismo\u201d.<\/p>\n Asimismo, la CIDH advirti\u00f3 que Javier Tarazona, director de Fundaredes, permanece privado de libertad desde julio de 2021, imputado por \u201cinstigaci\u00f3n al odio, traici\u00f3n a la patria, y terrorismo\u201d. Durante el contexto poselectoral de 2024, el Estado tambi\u00e9n imput\u00f3 delitos de terrorismo a defensores como Henry G\u00f3mez, en Amazonas.<\/p>\n Este uso indebido del derecho penal genera un efecto de amedrentamiento, lo cual lleva a defensores y l\u00edderes a optar por el exilio como mecanismo de autoprotecci\u00f3n. Los operadores de justicia, adem\u00e1s contribuyen activamente en la criminalizaci\u00f3n al aceptar procesos sin pruebas o presentar acusaciones falsas.<\/p>\n \u25cf<\/mark><\/strong> Asfixia del espacio c\u00edvico y controles de financiamiento. <\/strong>La comisi\u00f3n alert\u00f3 que el Estado venezolano \u201casfixia\u201d el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil mediante marcos legales restrictivos. En agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprob\u00f3 la Ley de fiscalizaci\u00f3n, regularizaci\u00f3n, actuaci\u00f3n y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Preocupa que esta ley contemple la posibilidad de que \u201ccualquier ciudadano\u201d solicite informaci\u00f3n detallada sobre la constituci\u00f3n, actividades, financiamiento y beneficiarios de las oeneg\u00e9s.<\/p>\n Adem\u00e1s, la Providencia Administrativa N\u00ba 001-2021 exige a las organizaciones inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La CIDH se\u00f1al\u00f3 que vincular a las organizaciones con la lucha antiterrorista las estigmatiza al relacionarlas con actividades delictivas.<\/p>\n Organizaciones de DD HH sufren frecuentes retrasos y negativas al intentar registrar o actualizar sus documentos legales, restringiendo su capacidad de operar. La sociedad civil destac\u00f3 que la mayor\u00eda enfrenta serias dificultades para actualizar documentos, y al menos un tercio no logr\u00f3 formalizar su personalidad jur\u00eddica.<\/p>\n \u25cf<\/mark><\/strong> Hostigamiento directo y amenaza de exilio. <\/strong>La sociedad civil inform\u00f3 a la CIDH que funcionarios p\u00fablicos o individuos alineados con el Estado, ejecutados por agentes de instituciones p\u00fablicas o miembros del Sistema Popular de Protecci\u00f3n para la Paz cometen las amenazas. La comisi\u00f3n otorg\u00f3 medidas cautelares en favor de siete l\u00edderes sindicales quienes recibieron constantes hostigamientos y amenazas de agentes estatales.<\/p>\n Entre los patrones represivos post-electorales de 2024, la comisi\u00f3n conoci\u00f3 la anulaci\u00f3n abrupta y arbitraria de pasaportes. Esta pr\u00e1ctica afect\u00f3 al menos a 40 personas defensoras, l\u00edderes sociales, periodistas y sus familiares, y busc\u00f3 limitar su libre circulaci\u00f3n. La comisi\u00f3n tambi\u00e9n registr\u00f3 la persecuci\u00f3n de testigos de mesa y observadores electorales, forzando a por lo menos cinco a desplazarse hacia Colombia ante amenazas de muerte.<\/p>\n La CIDH mantuvo la vigencia de la medida cautelar sobre Provea, tras observar acciones de agentes estatales que intensificaron su riesgo, incluyendo vigilancias y seguimientos con toma de fotograf\u00edas a sus integrantes. Las autoridades estatales realizaron se\u00f1alamientos p\u00fablicos recurrentes contra Provea, calific\u00e1ndola de proteger a terroristas y \u201cvende patria\u201d.<\/p>\n Finalmente, las mujeres defensoras enfrentan mayores riesgos porque no habr\u00eda fiscales especializados en cuestiones de g\u00e9nero para atender sus denuncias. La CIDH observ\u00f3 que el Estado venezolano no adopt\u00f3 ninguna acci\u00f3n reciente para atender la situaci\u00f3n de los beneficiarios de medidas cautelares, intensificando el riesgo.<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirti\u00f3 que los defensores de derechos humanos de Venezuela y la regi\u00f3n operan en un ambiente hostil, con violencia y obst\u00e1culos que muestran un agravamiento de la criminalizaci\u00f3n y la represi\u00f3n en el pa\u00eds usando la figura de \u201cterrorismo\u201d. 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