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El 4 de Julio, dia en que los ciudadanos de los Estados Unidos celebraban los 249 a\u00f1os de su independencia, la muerte o desaparici\u00f3n de alrededor 100 personas, la mayor\u00eda j\u00f3venes o ni\u00f1os en un campamento de verano en el Estado de Texas, por el desborde del Ri\u00f3 Guadalupe debido a precipitaciones extraordinarias, debi\u00f3 servir como un severo llamado de atenci\u00f3n a sus autoridades sobre las consecuencias de no enfrentar decididamente las causas del cambio clim\u00e1tico, pero coincidentemente ese mismo d\u00eda su Presidente promulgaba la Gran Maravillosa Ley (Bill Big Beauty Bill<\/i>) que representa la cancelaci\u00f3n de muchos de los incentivos generados por la Ley de Reducci\u00f3n a la Inflaci\u00f3n de Joe Biden (Ley de reducci\u00f3n de inflaci\u00f3n<\/i>) para promover el despliegue de instalaciones de energ\u00edas renovables como estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con el plan clim\u00e1tico (NDC) de su propio pa\u00eds.<\/p>\n
Pocos d\u00edas antes, el 1 de julio, la Comisi\u00f3n Europea propon\u00eda una enmienda a la ley clim\u00e1tica europea que definir\u00eda una meta de reducci\u00f3n de emisiones de GHG al 2040 de 90%, el nivel m\u00e1s bajo sugerido por los cient\u00edficos como alcanzable por Europa y cuando muchas organizaciones esperaban que se defina una meta ambiciosa al 2035.<\/p>\n
Algo est\u00e1 fallando en el sistema pol\u00edtico clim\u00e1tico lo que hace que el nivel de cumplimiento de obligaciones colectivas asumidas libremente por los Estados bajo acuerdos multilaterales como la Convenci\u00f3n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim\u00e1tico o el Acuerdo de Paris sea lento y muchas veces frustrante. Hay ausencia de responsabilidad pol\u00edtica y rendici\u00f3n de cuentas (responsabilidad<\/i>), y esto deriva de la ausencia de mecanismos que aseguren por parte de los Estados cumplir con el \u201cdeber de respeto y de garant\u00eda en el contexto de la emergencia clim\u00e1tica\u201d.<\/p>\n
Es aqu\u00ed que se vuelve pertinente, oportuna y relevante la opini\u00f3n consultiva OC-32\/25 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con fecha 29 de Mayo de 2025 y que si bien no es aplicable a casos fuera de la jurisdicci\u00f3n interamericana, marca la pauta de lo que podr\u00eda representar el rol de las Cortes en asegurar el cumplimiento de las obligaciones clim\u00e1ticas por parte de los Estados y a su vez podr\u00eda estar marcando el camino que esperamos asuma la Corte Internacional de Justicia en las pr\u00f3ximas semanas frente al proceso iniciado por Vanuatu sobre las obligaciones de los Estados en relaci\u00f3n al Cambio Clim\u00e1tico orientado a fortalecer marcos legales para la acci\u00f3n clim\u00e1tica.<\/p>\n
En el caso de la CIDH, el proceso iniciado por iniciativa de Chile y Colombia tuvo por objeto analizar como las obligaciones generales de los Estados, de respeto, garant\u00eda y adecuaci\u00f3n normativa, respecto de derechos humanos, pod\u00edan verse afectadas en el contexto de la emergencia clim\u00e1tica.<\/p>\n
Vamos entonces a lo esencial. El reconocimiento de la emergencia clim\u00e1tica es el punto de partida. La CIDH lo hace a partir de 3 criterios expresamente se\u00f1alados \u201cla emergencia clim\u00e1tica se caracteriza por la conjunci\u00f3n e interrelaci\u00f3n de tres factores: la urgencia de acciones eficaces, la gravedad de los impactos y la complejidad de las respuestas requeridas\u201d y desarrolla cada uno de ellos de manera detallada y en relaci\u00f3n a la gravedad de los impactos se\u00f1ala que para Am\u00e9rica Latina y el Caribe ello se acent\u00faa por la alta exposici\u00f3n de los Estados a los fen\u00f3menos derivados del cambio clim\u00e1tico y la vulnerabilidad se agrava por la alta desigualdad en la regi\u00f3n.<\/p>\n
Dicho ello cabe destacar que la CIDH desarrolla y detalla las obligaciones de los Estados en relaci\u00f3n a dicha emergencia clim\u00e1tica se\u00f1alando que \u201cpara cumplir con la obligaci\u00f3n de respetar los derechos humanos en el marco de la emergencia clim\u00e1tica, los Estados deben abstenerse de todo comportamiento que genere un retroceso, ralentice o trunque el resultado de medidas necesarias para proteger los derechos humanos frente a los impactos del cambio clim\u00e1tico\u201d agregando que ello ser\u00e1 posible si no se obstaculiza el acceso a informaci\u00f3n veraz requerida. <\/p>\n
Un deber de respeto tan relevante en tiempos de negacionismo clim\u00e1tico y medidas que como las se\u00f1aladas al inicio se orientan a retroceder en las obligaciones asumidas exponiendo a mayor riesgo a poblaciones, ecosistemas y actividades vulnerables. <\/p>\n
Contin\u00faa la CIDH desarrollando el deber de garant\u00eda que obliga a los Estados a organizar sus estructuras para asegurar el libre ejercicio de los derechos humanos en el contexto de la emergencia clim\u00e1tica complementando que este deber implica en especial el ejercicio de acciones de prevenci\u00f3n y precauci\u00f3n, algo que se ve enfrentado a decisiones pol\u00edticas de minimizaci\u00f3n de poder de las agencias con responsabilidad clim\u00e1tica en pa\u00edses como por ejemplo Argentina.<\/p>\n
Estas acciones pol\u00edticas en diversas regiones del mundo contradicen a su vez lo que la CIDH se\u00f1ala como parte del deber de garant\u00eda, la \u201cdebida diligencia reforzada\u201d proporcional al nivel de riesgo que la emergencia clim\u00e1tica implica.<\/p>\n
Finalmente, la CIDH destaca la obligaci\u00f3n de los estados de adoptar decisiones de derecho interno en sus dos variantes: la de suprimir normativa que afecte los derechos y la de expedir las normas requeridas para garantizar los mismos. Esto lo hace en un contexto que representa un significativo avance en relaci\u00f3n con decisiones de Cortes sobre el derecho a un ambiente sano.<\/p>\n
Recordemos que entre 2021 y 2022 el Consejo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, y posteriormente la Asamblea General, reconoci\u00f3 el derecho a un ambiente sano como derecho humano. La CIDH ha dado un paso m\u00e1s al reconocer el derecho a un clima sano, reconociendo que, aunque intr\u00ednsecamente vinculado al derecho a un ambiente sano, tiene en su afectaci\u00f3n elementos distintivos a los que representa la contaminaci\u00f3n o la p\u00e9rdida de biodiversidad. Protege el desarrollo de las personas en un clima libre de interferencias antropog\u00e9nicas.<\/p>\n
Son muchas otras las consideraciones contenidas en la opini\u00f3n consultiva de la CIDH, pero las mencionadas son quiz\u00e1s las m\u00e1s destacables por el contexto pol\u00edtico en el que se desarrollan. La potencial p\u00e9rdida de respaldo pol\u00edtico al proceso clim\u00e1tico reflejado en decisiones pol\u00edticas cuestionables abre el espacio a tres trincheras de defensa. La madurez de una econom\u00eda que debe demostrar que los objetivos clim\u00e1ticos son indetenibles e irreversibles; la mayor y m\u00e1s s\u00f3lida evidencia cient\u00edfica; y el rol de las cortes internacionales, regionales o dom\u00e9sticas. En ese sentido, la opini\u00f3n consultiva de la CIDH es un paso en el camino correcto.<\/p>\n