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Rub\u00e9n Calleja estudiaba quinto de primaria en el colegio p\u00fablico Gonz\u00e1lez de Lama de Le\u00f3n cuando, seg\u00fan cuenta su padre, Alejandro, un maestro decidi\u00f3 que no quer\u00eda tenerlo en su clase. Rub\u00e9n ten\u00eda s\u00edndrome de Down, lo cual no le hab\u00eda impedido asistir al centro durante ocho cursos y encontrarse, afirma Alejandro, \u201cperfectamente integrado\u201d. La Junta de Castilla y Le\u00f3n sigui\u00f3 el criterio de aquel docente y al acabar el a\u00f1o dictamin\u00f3 que Rub\u00e9n ten\u00eda que cambiar a un colegio de educaci\u00f3n especial. El ni\u00f1o no quer\u00eda, su familia tampoco. Empez\u00f3 entonces una larga batalla pol\u00edtica y jur\u00eddica, que incluy\u00f3 una denuncia por parte de la Fiscal\u00eda de Menores contra los progenitores por desobedecer el dictamen de la Junta \u2015en vez de llevarlo al centro especial, lo matricularon en un colegio privado\u2015 archivada por la justicia. Una condena a Espa\u00f1a por parte del Comit\u00e9 de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU por impedir que Rub\u00e9n siguiera en su escuela. Y finalmente una sentencia del Tribunal Supremo, conocida este mi\u00e9rcoles, que da la raz\u00f3n a Rub\u00e9n, que ahora tiene 25 a\u00f1os, y a su familia, y establece que el joven debe ser indemnizado con 25.000 euros por el Estado por haber visto vulnerado su derecho a una \u201ceducaci\u00f3n inclusiva\u201d.<\/p>\n
Se trata del segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el caso. Despu\u00e9s de que el Comit\u00e9 de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considerase, en 2020, que la administraci\u00f3n educativa espa\u00f1ola deber\u00eda haber hecho los ajustes necesarios para que Rub\u00e9n pudiera continuar estudiando donde estaba, y se\u00f1alase que el Estado deb\u00eda proporcionarle una \u201creparaci\u00f3n efectiva\u201d por lo sucedido, el joven y su familia reclamaron una indemnizaci\u00f3n ante el Ministerio de Justicia de 350.000 euros que no fue atendida. Rub\u00e9n y sus progenitores acudieron entonces a la Audiencia Nacional, que la rechaz\u00f3 sin entrar en el fondo del asunto. El Supremo revoc\u00f3 dicha decisi\u00f3n y pidi\u00f3 a los magistrados de la Audiencia Nacional que examinaran el caso a fondo. La Audiencia lo hizo, y volvi\u00f3 a denegar la petici\u00f3n. Y ahora la Secci\u00f3n Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha zanjado la disputa dando la raz\u00f3n a Rub\u00e9n y sus progenitores, 14 a\u00f1os despu\u00e9s de que fuera obligado a dejar su colegio.<\/p>\n
\u201cHa sido un camino largo, tortuoso, dif\u00edcil y lleno de dificultades que siempre mereci\u00f3 la pena transitar, pues nuestro hijo Rub\u00e9n es el motor de esta lucha que nos hace a todos mejores como personas y sociedad\u201d, ha afirmado este jueves su padre. \u201cEl camino es posible y est\u00e1 hecho, este es el gran legado que deja Rub\u00e9n. Ahora depende de nosotros como familias y sociedad defender este derecho humano fundamental a la educaci\u00f3n inclusiva\u201d, ha a\u00f1adido Alejandro Calleja.<\/p>\n
\u201cEl caso de Rub\u00e9n Calleja es paradigm\u00e1tico en muchos sentidos\u201d, afirma Ignacio Calder\u00f3n, profesor de profesor de Teor\u00eda de la Educaci\u00f3n en la Universidad de M\u00e1laga. \u201cEs pionero porque ha hecho valer el derecho a la educaci\u00f3n inclusiva que Espa\u00f1a asumi\u00f3 al ratificar la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008. Evidencia que el derecho a la educaci\u00f3n ya es el derecho a educarse junto a los ni\u00f1os y ni\u00f1as de tu entorno, de tu barrio o pueblo, en el mismo contexto y valorando las diferencias. Es decir: no se puede segregar al alumnado por raz\u00f3n de capacidad\u201d. Al mismo tiempo, prosigue Carri\u00f3n, la sentencia tiene proyecci\u00f3n mundial, \u201cya que cuestiona una pr\u00e1ctica de un Estado parte que vulnera ese derecho. En el caso de Espa\u00f1a, ya van tres informes muy contundentes del Comit\u00e9 de la ONU que denuncia la vulneraci\u00f3n grave y sistem\u00e1tica del derecho a la educaci\u00f3n inclusiva\u201d.<\/p>\n
A pesar de dichos varapalos, y de que la ley de educaci\u00f3n (aprobada en 2020) establece que en un plazo de 10 a\u00f1os las administraciones deben garantizar que los \u201ccentros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad\u201d, el n\u00famero de estudiantes en centros y aulas especiales no ha disminuido en el \u00faltimo lustro, sino que ha aumentado en 2.614, hasta sumar 41.521. Se siguen produciendo derivaciones a centros especiales de ni\u00f1os escolarizados en escuelas ordinarias contra el criterio de sus familias, como denunciaba hace unos meses la asociaci\u00f3n Solcom. Y un colegio especial como el de la asociaci\u00f3n Asprona en Almansa (Albacete), referente entre los investigadores de educaci\u00f3n inclusiva en Espa\u00f1a por haberse reconvertido en centro de apoyo para facilitar que los chavales con discapacidad puedan estudiar con las condiciones adecuadas en escuelas e institutos ordinarios, ha visto este curso c\u00f3mo la Junta de Castilla-La Mancha le anunciaba una reducci\u00f3n de su financiaci\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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