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En España existen 26.733 kilómetros de tramos de ríos con zonas inundables ―entre otros que todavía no se han estudiado― y en los que presentan más peligro de avenidas frecuentes viven 2,7 millones de personas. Los ciudadanos pueden consultar los mapas de riesgo, en el Ministerio para la Transición Ecológica, para comprobar si su vivienda se construyó en un lugar inundable y la probabilidad de que llegue una avenida de agua en un período de retorno de 500, 100, 50 o 10 años. Las áreas que han sufrido las tremendas inundaciones en Valencia aparecen ahí marcadas, pero la magnitud de la catástrofe, no tanto en los daños materiales como en el número de fallecidos, ha superado cualquier previsión.
“Esto se veía venir, se tendrían que haber adoptado ya medidas estructurales pendientes en el plan de gestión del Júcar en zonas donde se ha producido gran parte de la tragedia como el barranco del Poyo”, señala Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia. La Comunidad Valenciana, la más castigada por la dana, cuenta con un plan de acción territorial de riesgo de inundaciones (PATRICOVA) que se puso en marcha en 2003 y se revisó en 2015. Por lo que “la cartografía regional de peligrosidad es exhaustiva” , señala Francés.
También apunta a que habría que dar “un paso más” en las predicciones. “Se ha mejorado mucho en la meteorológica, pero falta conocer cuánto van a subir los ríos en momentos de crecida y qué zonas tienen probabilidades de inundarse después de que la dana descargue y eso es la predicción hidrológica”. Se trataría de “plantear escenarios dependiendo de si la dana entra en ese valle o esa cuenca, de forma que las autoridades podrían contar con unas predicciones de caudales e inundación, y saber que la alerta para la ciudad de Valencia, que no corría riesgo de Inundación, debería ser diferente que para Paiporta. [uno de los epicentros de la tragedia]por poner el ejemplo de esta dana”.
Un problema conquistado
El problema viene de lejos, con un desorden urbanístico que se inició en los años 60, que permitía la construcción en cualquier lugar, incluida la ocupación de zonas inundables. “Esto ocurrió hasta prácticamente el año 2015, cuando la última versión de la ley del suelo obligó a los ayuntamientos a elaborar un informe de inundabilidad con mapas de riesgo de inundación ya declarar como no urbanizables esos suelos”, explica Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante de Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales. Hoy considera que es “prácticamente imposible” construir en esos lugares legalmente. Pero antes, las viviendas ya habían colonizado ramblas, barrancos, dejando a los ríos sin espacio para evacuar en momentos de crecida.
Aunque siguen existiendo municipios que continúan con planos generales de ordenación urbana antigua, en los que faltan las medidas de restricción de construcción en zonas inundables. “Tenemos planes de los años 70 y, sobre todo, 80 y 90, que no contemplan esos riesgos, debería existir una legislación que obligará a adaptarse a los de más de 15 años de antigüedad, y también a la nueva concepción de sostenibilidad”, concretamente Olcina.
Pero que una zona sea inundable no quiere decir que no se pueda establecer allí ningún tipo de uso, dependiendo de su peligrosidad, que se mide por la frecuencia con que se producen las avenidas, su profundidad y la velocidad del agua. Si se dan estos condicionantes, el peligro es alto y solo podría estar cerca de un cauce, pistas polideportivas a las que no les afecte si se mojan, parques, corredores verdes… En cambio, en zonas con menor peligrosidad se podrían construir viviendas , puede ser que con condicionantes como no edificar habitáculos subterráneos o prohibir instalar dormitorios en las plantas bajas, entre otros.
Por legislación no será. Tanto el Estado como las comunidades autónomas cuentan con múltiples datos, existe normativa nacional y europea, además de mapas de peligrosidad, pero como ha demostrado esta dana, hay fallos graves. “La normativa es muy completa, yo diría de lo mejor de Europa, pero si faltan mecanismos para velar por su cumplimiento de poco sirve”, expone Andrés Díez, profesor de investigación del Instituto Geológico Minero de España (IGME/CSIC) y experto en avenidas e inundaciones fluviales y torrenciales.
Como ejemplo, Díez exponen que se han encontrado con planos de inundación de municipios que ocupan una línea. “Y si no hay un técnico competente en la comunidad autónoma correspondiente que lo detecte, ese documento incompleto saldrá adelante y sus consecuencias también”, añade. Por ese motivo, la solución para mitigar los daños de este tipo de eventos meteorológicos no puede ser a escala de municipio, “si es así, solo serán parches, la ordenación debe comenzar por la cuenca hidrográfica, seguir por la comarca, el río en concreto y, finalmente, el tramo de cauce problemático”.
Falla el conocimiento
Lo que ha salido a la luz con este desastre es que “falla el conocimiento, en cuanto a saber cómo funcionan esos fenómenos, y la percepción de riesgo y eso se cura con formación”, señala Díez. Ellos han elaborado diferentes planes de comunicación de riesgo en diferentes poblaciones españolas, y organizan talleres dirigidos a agricultores, ancianos, escolares… Se trata de conocer las reglas: por ejemplo, si se vive en una zona inundable, no situar los dormitorios en primera planta (si se puede), no poner rejas en las ventanas de los pisos bajos, no coger el coche… “Llevamos 12 años impartiendo talleres a los niños, les enseñamos con juegos, a 500 cada año y eso es sembrar conciencias futuras”, explica.
Alberto Fernández, responsable del programa de aguas de la ONG ambiental WWF, apunta a que uno de los problemas en ese aspecto es que “las canalizaciones de los cauces dan una falsa sensación de seguridad a las personas, que empiezan a construir viviendas alrededor”. Un error porque debido a la ocupación del territorio por casas e infraestructuras de todo tipo, el agua que viene de más arriba no se puede filtrar en el terreno y se encauza por los caminos que se le han dejado hacia el mar a gran velocidad. “Y si es mucha cantidad, como ha ocurrido en esta ocasión, el efecto es devastador”, puntualiza.
La solución es complicada, añade el catedrático de la Universidad de Alicante Jorge Olcina. “Habrá que gestionar los espacios inundables de riesgo ocupados, y para eso se tendrán que canalizar barrancos o desviar algunos tramos urbanos que tengan alto riesgo”, describe. Y también habrá que acometer “actuaciones de drenaje urbano sostenible, construir depósitos pluviales y parques inundables que provocan una inundación de forma más natural”. Además, hay que cumplir la ley “a rajatabla” y actualizar los planos generales de ordenación urbana de los municipios para que incorporen todas las medidas de restricción de construcción en zonas inundables. “Tenemos aviones de los años 70 y, sobre todo, 80 y 90, que no contemplan esos riesgos, todos los que tengan más de 15 años de antigüedad deberían incorporar no solo la normativa de inundaciones, sino la ambiental, porque no están adaptados a la nueva concepción de la sostenibilidad”.
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